Señor Director:

Desde hace 30 años la Corporación María Ayuda trabaja acogiendo niños, niñas y adolescentes en hogares residenciales. Hemos sido testigos a lo largo de los años del drama que sufren estos niños al ser separados de sus familias por orden del tribunal, y pasar a ser "niños de hogar", sin tener ellos culpa alguna por la situación que les toca vivir. Somos testigos directos también de la escandalosa postergación en que se encuentran las políticas públicas de infancia, y especialmente la que requiere más atención, la de las residencias de menores, en donde cerca de 15 mil niños son acogidos a lo largo de Chile.

Impacto causa en la opinión pública cuando de alguna forma se entera de las condiciones en que viven niños y niñas en estas residencias. El Estado a través del Sename subvenciona cerca de 1/3 (al menos en nuestro caso es así) de los costos de un niño por hogar, lo que hace que tengamos que conseguir "como sea" los otros 2/3. La tarea es titánica: por una parte conseguir los recursos para una infraestructura digna (pensemos en los costos que significa solo construir un hogar), dar una atención psicosocial de calidad (contratar al personal idóneo para esta tarea, compitiendo con sueldos de mercado imposibles de igualar), asegurar la atención médica y de salud mental (meses de espera para atender a un niño), procurar escolaridad y recreación (la deserción escolar es alta); en fin, esto entre muchas otras necesidades.

La comisión Jeldres ha dejado a la luz las carencias del sistema y logró recopilar información en donde se establece en definitiva que no solo "no se protege" en muchos casos a estos niños, sino que, por el contrario, se "vulneran sus derechos", llegando a veces estos hechos a ser constitutivos de delito. ¿Qué podemos hacer entonces los que queremos colaborar, de verdad, para sacar a estos niños del drama en que viven? ¿Qué pueden hacer las instituciones que viven solo con el escaso aporte estatal y no pueden conseguir más recursos? Solo una cosa: cerrar los hogares (ya son demasiados los que lo han hecho en el último tiempo) y dejar que estos niños vuelvan al círculo de maltrato de donde venían, es decir, su propia familia. Pero el otro camino, y es el que María Ayuda desde hace tiempo procura, es que el Estado de verdad se haga cargo del costo real de la atención de estos hogares, para que así la institución colaboradora busque en los privados el delta que falta. Obviamente que, al menos en Chile, todavía es una tarea compartida.

Si no se hace esto, es decir, que el Estado y los particulares tomen conciencia de la grave situación, nos encaminamos a un drama humano de proporciones.

P. Francisco Pereira Ochagavía
Director pastoral
Corporación María Ayuda