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Cartas
Domingo 14 de julio de 2013
El embarazo de Belén
Señor Director:
El embarazo de la niñita de 11 años es un hecho de tanta gravedad, que cada día que pasa la pequeña se expone a mayores riesgos tanto desde un punto de vista físico como emocional. Complementario a lo anterior, el acto quirúrgico de interrumpir un embarazo después de las 20 a 22 semanas, como ha sido propuesto, expone a la niña a un riesgo en sus órganos reproductivos, mucho mayor que los riesgos esperados si se interrumpe el embarazo ahora. Así, cada día que pasa la niña está expuesta a riesgos vitales y morbilidad de creciente complejidad y magnitud.
Dado que la madre no parece estar capacitada para proteger a la niña, es el Estado de Chile, junto a otros familiares, el que debe procurar que la niña goce al menos del derecho a la vida y a la salud que el Estado les garantiza a todos sus habitantes. Así lo expresó el Presidente cuando dijo que el Gobierno haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger a la menor. Sin embargo, al postergar la interrupción del embarazo, se somete a la niña a consecuencias físicas y psicológicas de variada naturaleza y que pueden ser irreparables tanto para su vida psicológica y social como para su maduración ginecológica y su futuro reproductivo.
La pregunta que se hace un ciudadano cualquiera es: ¿por qué se niega el Estado de Chile a hacer todo lo que está a su alcance para proteger a una inocente y frágil persona? La respuesta es simple: el Estado de Chile estima que el feto que ella lleva consigo tiene más derecho a vivir que el derecho que tiene la niña a evitar los enormes riesgos a su integridad física y psicológica que significan seguir con el embarazo hasta que exista viabilidad fetal.
El Estado se debate entre proteger a un embrión/feto o proteger a una persona. Si el Gobierno de Chile verdaderamente quisiera dar a la menor la mejor expectativa de vida con el menor riesgo de secuelas, no dudaría en interrumpir el embarazo ahora. Pero esto no es todo. El ministro de Salud ha dicho categóricamente que esperará hasta las 24 semanas para interrumpir el embarazo; con ello, por cierto, transforma la inducción de un aborto en la inducción de un parto prematuro.
Para juzgar la política propuesta por el Gobierno, la gente debe saber que como consecuencia de esta decisión, se somete a la niña a un trauma físico y emocional de proporciones difíciles de medir y cada día mayores; y si el feto tolera el parto, el bebé que nace se expone a un riesgo elevadísimo de hemorragia cerebral, enterocolitis necrotizante, requerimientos de ventilación mecánica con severas secuelas de por vida. Todo ello producto de una prematuridad extrema inducida por el Estado. El Gobierno deberá responder por las secuelas de corto y largo plazo, no solo en la niña embarazada, sino que en la persona nacida.
¿Está el Gobierno preparado para hacerse cargo de demandas por no haber protegido debidamente a la niña embarazada al privarla de gozar de los derechos internacionales que protegen a las personas? ¿Está el Gobierno preparado para hacerse cargo del bebé que nacerá con múltiples secuelas producto de su prematuridad y que posiblemente le ocasionarán severas deficiencias motoras y sensitivas?
De seguro el Sename está haciendo todos los esfuerzos por acoger a esta pobre niñita, y le corresponderá a ese organismo estatal, junto a algunos miembros de la familia de Belén, representar los intereses de la menor. Espero sinceramente que en este proceso de toma de decisiones prime en el Sename exclusivamente el mejor interés de la niña, en el correcto entendido de que cada día que pasa empeora el pronóstico vital y hace más riesgosa y más traumática la interrupción del embarazo.
Dr. Fernando Zegers Hochschild
Programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana Universidad Diego Portales