Entre los países que participan en la prueba PISA, Chile es el que presenta las escuelas más segregadas socioeconómicamente. Se ha atribuido esto al financiamiento compartido, aprobado en 1993 y vigente desde 1994. Sin embargo, la evidencia que al respecto ofrecen algunos estudios es en extremo débil. Esa segregación parece más bien resultar de la elevada desigualdad de ingresos del país y de la significativa segregación residencial que caracteriza a la ciudad chilena. Al menos en un estudio hay evidencia según la cual si se suprimiera el financiamiento compartido, no se avanzaría en integración social.
El argumento según el cual no habría libertad porque no se tienen los recursos suficientes es un antiguo enfoque derivado del pensamiento de Marx, que se puede aplicar a cualquier bien, y no solo a la educación.
¿Por qué, entonces, propiciar el fin del financiamiento compartido, como lo hacen algunos expertos y la mayoría de los personeros del pacto Nueva Mayoría? Hay dos tipos de argumentos. El primero aduce que esta política no se aplica en los países de la OCDE. Es efectivo, pero no justifica concluir sin mayor reflexión que eso obliga a Chile a terminar con ella, que está presente en diversos países no desarrollados; por ejemplo, en varios de Asia, incluidas varias regiones de India y, en la práctica, también en China.
En Chile, la gran diferencia entre el gasto en educación privada y la subvención educacional que aporta el Estado lleva a muchas familias a querer hacer un aporte que les permita acercarse al estándar de la primera. Bloquear tal posibilidad resulta incomprensible, tanto más cuanto que precisamente eso le permite al Estado focalizar recursos en los más necesitados, mediante la subvención escolar preferencial, creada en 2008, cuyo valor actual es superior al promedio que aportan las familias por financiamiento compartido. Un buen diseño de esta subvención, una integración apropiada con el aporte de las familias y mucho más información sobre los recursos que aporta el Estado a cada niño (un certificado, por ejemplo) podrían hacer mucho más por la integración social que terminar con el financiamiento compartido.
Frente a este hecho, se invoca un segundo argumento, que apunta al valor de la educación como espejo de la democracia, y de allí la necesidad de una aproximación igualitaria, que impediría que los padres puedan aportar a la educación de sus hijos. Como esto es imposible de evitar en una sociedad democrática, tal prohibición debería afectar a los recursos que aporten directamente a la escuela. Es evidente que si se prohíben algunos mecanismos y no otros, prohibir el financiamiento compartido para sostener la idea de una educación igualitaria no tiene mayor sentido. Pero, además, ¿qué sucedería con la educación particular pagada, que todos los países permiten? En congruencia con tal argumentación, tampoco debería permitirse. Se podría invocar que ella no involucra recursos públicos, pero la idea de una educación igualitaria nada tiene que ver con la fuente de los recursos.
La educación es importante para la formación de los ciudadanos y para una mejor democracia, pero de ahí no se desprende que deba ser igualitaria en el sentido que le dan quienes atacan la existencia del financiamiento compartido. En la realidad chilena ello tampoco sería sensato, dado el bajo gasto en educación.
Nadie desconoce que la integración social en la escuela es valiosa, pero eso no se debe lograr a costa de restricciones a la libertad de los padres. Este es un valor demasiado significativo como para coartarlo sin ganancias evidentes en el otro. Si esa tensión entre los dos valores realmente existe, hay mejores formas de resolverla.
No es excesiva ninguna insistencia en la enormidad del error que significa buscar el fin del financiamiento compartido en nuestra educación. Sus propiciadores deberían recordar la reacción que tuvo la inmensa mayoría del país cuando la Unidad Popular quiso imponer la Escuela Nacional Unificada (ENU).