Chile se ha caracterizado históricamente por una alta desigualdad de ingresos. Con un coeficiente de Gini de 0,52 (dicho coeficiente es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a perfecta igualdad, y 1 a perfecta desigualdad), calculado sobre la base de los ingresos monetarios de los hogares contenidos en la encuesta Casen 2011, resulta estimado como el miembro de la OCDE con la peor distribución de ingresos. Este fenómeno ha opacado los grandes e irrefutables avances económicos que ha logrado el país y que han significado mayor bienestar para nuestra población. Por eso no sorprende que sea un tema recurrente en el debate político-económico, a menudo tratado con grados de pasión e ideologismo que atentan contra el necesario análisis técnico, que pone el caso de Chile en perspectiva.
Así, en esta discusión suele omitirse que nuestro país no es una excepción en la región y, luego, que la referencia metodológica única a la Casen es del todo insuficiente. Por definición, una encuesta no es un dato estadístico o de censo nacional. Brasil, Colombia y México tienen niveles comparables -incluso peores- en desigualdad, y si bien otros muestran mejores cifras, en muchos casos los datos tras sus indicadores son de dudosa calidad.
Por otra parte, el fenómeno de crecimiento económico con desigualdad ha sido analizado en estudios especializados, siendo explicado principalmente por las complejas y lentas dinámicas de empleo entre sectores y según el tipo de ocupación. En este contexto, Tailandia y Malasia emergen como casos "patológicos".
También existe entre los técnicos consenso en que para mejorar la distribución de ingresos, se requiere una institucionalidad laboral moderna y dinámica. Chile está lejos de tenerla, y la falta de reformas estructurales en esta materia ha contribuido a profundizar nuestras desigualdades, particularmente por lo que ocurre entre los más jóvenes y los menos educados. Cabe considerar, por ejemplo, que según la Casen 2011, el 50% de los trabajadores en Chile tiene salarios mensuales (ocupación principal) inferiores a 251 mil pesos. Más allá de las muchas incoherencias entre la realidad y la indicación de la Casen en este punto, ¿cómo puede ocurrir que una economía que crece no sea capaz de ofrecer mejores condiciones a la mitad de los trabajadores? ¿Qué explica tan bajo nivel? Básicamente, tres factores que afectan de modo directo la productividad del trabajo: edad, educación y tipo de empleo. En particular, 20% de aquellos con ingresos bajo 251 mil pesos tiene menos de 26 años; 35% de ellos no reporta un trabajo permanente, y el 51% no ha terminado siquiera la educación media. Si ese mismo cálculo se realiza solo sobre la base de aquellos con al menos educación media completa, el ingreso del 50% se eleva a 328 mil pesos, que aumenta a 382 mil si se analiza además a quienes tienen más de 25 años y un empleo permanente.
Las políticas públicas deben contribuir a mejorar los niveles de productividad de la población. Este es un proceso continuo, que se inicia mucho antes que la persona ingrese al mercado laboral y que debe prolongarse durante todo su ciclo de vida. Son precisamente las fallas en el sistema de educación y capacitación, junto a nuestro arcaico Código Laboral, los responsables de nuestra inercia en el tema de la desigualdad. Pensar que una reforma tributaria o eslóganes en materia educacional vendrán a resolver nuestros problemas es una equivocación. La distribución de ingresos no se puede mejorar por secretaría: supone tiempo y buenas ideas. Hemos avanzado y, con ajustes bien pensados, podemos acelerar la marcha. La clase política debería ser realista e innovadora y, responsablemente, ajustar las expectativas de la población, al mismo tiempo que atreverse a adoptar las reformas laborales indispensables, que beneficiarían a los más vulnerables, aunque no gusten a muchos que hoy tienen una posición laboral más favorecida.