El Presidente Piñera ha anunciado que las prioridades en la última parte de su mandato apuntan a educación, salud y orden público, algo indudablemente coincidente con las principales preocupaciones de la población. La primera de ellas se ha transformado, además, en uno de los temas centrales de la contienda presidencial. La agenda legislativa en este campo es amplia, pero -como ha revelado la campaña- las aproximaciones a las soluciones son muy distintas y, por tanto, las posibilidades de lograr grandes acuerdos en los distintos proyectos de ley que se tramitan en el Congreso parecen, por ahora, lejanas.
Con todo, tres proyectos podrían ver la luz. El primero, que crea una autorización para la creación de los jardines infantiles y su posterior supervisión, despierta amplios consensos y su aprobación sería bienvenida; en los otros dos hay mayores diferencias, pero parecen subsanables. En el proyecto de acreditación, las diferencias son más técnicas que políticas. El reciente informe preliminar de la comisión de la Cámara que analizó el sistema de acreditación logró importantes grados de acuerdo, que no se alejan demasiado de lo sustancial del proyecto enviado por el Gobierno para reemplazar la actual ley.
Otro proyecto que debería poder aprobarse, con algo de voluntad de todas las partes, es el de carrera docente. Hay coincidencia en que, en educación escolar, para asegurar más calidad y equidad, es indispensable atraer y retener a los mejores docentes posibles. Muchos expertos en distintos países sugieren que la forma más eficaz de seleccionarlos es evaluar su desempeño en el aula y retener solo a los de más altas habilidades, ajustando los salarios en congruencia. Tales modelos son, sin embargo, escasos en el mundo. Más habituales son aquellos que, para este efecto, buscan instalar un sistema muy selectivo de ingreso a la profesión docente y definen perfiles de salarios obligatorios en línea con lo que esas personas podrían obtener en profesiones alternativas, igualmente selectivas. En estos modelos, la desvinculación de los docentes que no califican varía de un país a otro. También se observa que en sistemas educacionales mixtos no todas las reglas definidas en estos esquemas se extienden a la educación privada subvencionada, pues en esta, a diferencia de la estatal, hay negociación colectiva.
Chile se encuentra muy alejado de estos modelos ideales. No tenemos un sistema exigente de selección de los profesores; sus salarios, quizá por eso mismo, están lejos de los niveles que pueden obtener en otras profesiones las personas de más habilidades, y la posibilidad de desvinculación en el sector estatal, pese a que se ha flexibilizado, es aún muy restrictiva. El proyecto de carrera docente que envió el Ejecutivo avanza en estas tres dimensiones: hace más selectivo el ingreso a la carrera docente, mejora las remuneraciones y facilita, mediante procedimientos transparentes, la desvinculación cuando proceda. Podría cambiar en forma significativa la actual situación.
Los criterios del proyecto parecen ser, en general, compartidos. El principal punto de desencuentro es que la carrera docente, sobre todo su perfil salarial, se aplica solo parcialmente al sector particular subvencionado. Si bien eso es razonable, quizás podría lograrse un acuerdo extendiendo algunos aspectos también a dicho sector, velando por que eso no rigidice la gestión de sus equipos docentes. El Gobierno debiera buscar un acuerdo en este ámbito.
Con todo, el más dramático cambio negativo sobrevendría si prosperase la propuesta de poner fin al financiamiento compartido, como lo postula el pacto Nueva Mayoría. Surgido en 1993, encontró exitosa acogida en las familias: ya tenía 500.000 estudiantes en 1994, casi un millón en 2001. Ella enraíza en fórmulas similares surgidas a mediados del siglo XX, mucho antes de la actual; compromete a las familias con el mejoramiento de la educación de sus hijos, y es una vía para eludir las deficiencias de la educación pública que el Estado no ha podido subsanar. La gratuidad que propicia el pacto Nueva Mayoría se traduciría en la práctica en una nivelación hacia abajo, porque no se vincula necesariamente con las reformas técnicamente conducentes a lograr mejor calidad, y en una pérdida de la libertad de escoger para miles de familias.
Se acusa al financiamiento compartido de ocasionar segmentación por ingreso, pero se omite mencionar que, eliminado que fuera, la desigualdad entre los colegios puramente particulares privados y los estatales sería tanto mayor: en vez de toda una gama flexible de opciones, subsistirían solo los extremos. Dada la realidad de la educación pública, cuyo mejoramiento en ningún caso ocurrirá de un día para otro, cabe preguntarse cómo reaccionarán ante esto los segmentos de ingresos medios, que hoy afluyen masivamente hacia los planteles con financiamiento compartido.
¿Y qué opción tendrían aquellos segmentos de ingresos medios, que no concuerden por cualquier razón con la educación uniforme que brindaría el Estado, pero carezcan de recursos para costearse un colegio puramente privado acorde con sus enfoques? Mucho se puede perfeccionar el sistema de financiamiento compartido, pero eliminarlo sería regresivo, contraproducente y, con alta probabilidad, incubador de fuerte descontento en quienes se esfuerzan por progresar, no en ser nivelados hacia abajo.