Señor Director:

Luego del absolutamente legal y necesario desalojo de los colegios en toma por parte de carabineros, con el fin de poder utilizarlos como locales de votación, hemos sido testigos tanto de una serie de insólitas declaraciones por parte de alcaldes de las respectivas comunas como de la constatación de una deplorable e inaceptable destrucción y saqueo por parte de los "pacíficos" ocupantes de estos.

En el caso de los alcaldes, llama poderosamente la atención que se critique el actuar del Gobierno por hacer cumplir la ley y, de esta manera, asegurar la total normalidad de una histórica jornada democrática de primarias. Si estas autoridades no entienden lo que significa la obligación de ejercer la ley, tenemos un serio problema país.

Por otra parte, el desalojo de los colegios en toma -sin baños de sangre como advertía la ex Presidenta Bachelet- dejó en evidencia el importante nivel de destrozos de los establecimientos causados por sus ocupantes, lo cual, junto con afectar en forma muy negativa lo que teóricamente buscan estas personas, como debiese ser la calidad de la educación, constituye un delito que tendría que ser castigado legal y socialmente si es que queremos dar un ejemplo de ir avanzando hacia una sociedad realmente "desarrollada".

Roberto Darrigrandi U.
Economista