Los positivos indicadores de la economía en los últimos años han dado pie a un exagerado exitismo por parte de las autoridades, con el aparente afán de declarar una suerte de paternidad sobre ellos. Se pierde así de vista que este buen desempeño ha venido, fundamentalmente, de la mano del aumento en los términos de intercambio. Desconocer este hecho impide indagar en los desafíos que enfrentará el país en los próximos años, porque los canales a través de los cuales ha operado el auge reciente están encontrando dificultades. En estas condiciones, se hace necesario identificar las causas de la actual desaceleración y delinear una estrategia que nos asegure el avance sostenido hacia el desarrollo.
El aumento en el precio del cobre provocó un boom de inversiones en la minería. Sin ir más lejos, el incremento en las compras de maquinarias y equipos triplicó al crecimiento del PIB en los últimos cinco años. En 2012 la inversión en los países desarrollados fue de 19% del producto, en América Latina alcanzó el 21% y en Chile el 25%. Sin embargo, a pesar de la cantidad de proyectos que se han ido materializando, la producción actual de cobre es la misma que hace ocho años. Es decir, las nuevas inversiones sólo alcanzaron para disimular la pérdida de competitividad que presenta el sector, principalmente por la baja de la ley de los minerales, el alto costo de la energía, la falta de mano de obra y la escasez de agua.
En estas condiciones, el ciclo de expansión de la inversión minera ha comenzado a declinar, lo que repercute significativamente en el menor dinamismo de la demanda, lo que no está siendo compensado por un aumento en el producto de la minería.
Pero los recursos del cobre también llegaron a la caja fiscal, y a pesar de los fondos dispuestos para su ahorro, una alta proporción de ellos financió el mayor gasto público, que, en promedio, ha crecido en un 6,7% anual en los últimos cinco años, casi el doble que el crecimiento del producto en el mismo período. Para efectos del presupuesto fiscal, estos ingresos ya alcanzaron su nivel más alto, y tenderán a declinar.
Este impulso de la demanda, que viene del auge de la inversión y del gasto público, se extendió al consumo de los hogares, fundamentalmente porque se trata de actividades muy intensivas en el uso de mano de obra. De hecho, los salarios reales y la ocupación han crecido a un ritmo promedio en torno a un 2,5 y 3% anual, respectivamente, por cinco años. Sin embargo, la disminución de los proyectos mineros, el menor gasto asociado a la reconstrucción y la mayor restricción en el presupuesto fiscal acarrearán un menor dinamismo en el mercado de trabajo.
Es en este nuevo escenario de desaceleración donde asoman tres desafíos claves para mantener viva la opción de cruzar el umbral del desarrollo durante la presente década. Primero, evitar el freno en la inversión minera a través de acciones que mejoren el clima de negocios en el sector y remuevan los obstáculos a la competitividad. Los temas que permitirían dar un nuevo impulso a la inversión minera requieren de liderazgo para generar acuerdos amplios en temas sensibles, como son la regulación del agua, las inversiones en energía y el buen funcionamiento de la institucionalidad ambiental.
Segundo, generar nuevas fuentes de crecimiento mediante un aumento transversal de la productividad. El alto costo de la energía, la capacitación, la competencia en los mercados, la internacionalización de las empresas, el funcionamiento del mercado de trabajo y la modernización del Estado son los temas ineludibles de esta agenda, que ahora quedará postergada para el próximo gobierno.
Tercero, acompañar el aumento de la productividad de las actividades en que el país ya opera, con la generación de nuevas ventajas competitivas, que serán la base del crecimiento dentro de una o dos décadas. Valiosas iniciativas se han desarrollado en el último tiempo (Start Up Chile, incentivo tributario a I+D, Consorcios Tecnológicos) y deben ser puestas en un esquema de colaboración amplia, incluyendo al gobierno, empresas, trabajadores, universidades y centros de tecnología.
Esta estrategia contiene un sano equilibrio entre impulsos de la demanda y reformas que mejoran la oferta a través de los aumentos de productividad y de innovación. Para llevarla a cabo es indispensable que la autoridad tenga una visión realista de lo que ocurre en la economía. En este contexto, cabe pedir mayor seriedad a los análisis del Ministerio de Hacienda.