Señor Director:

Las estadísticas demuestran que, a la fecha, las manifestaciones públicas arrojan 116 carabineros lesionados, algunos de gravedad e incluso con quemaduras serias. En contraposición, solo 25 civiles fueron lesionados levemente. Esto es, cuatro carabineros lesionados contra un civil.

Esto demuestra que los violentistas son los encapuchados, que pueden ser o no estudiantes, los cuales se aprovechan del legítimo derecho a protestar civilizadamente, para agredir con saña a los carabineros que resguardan el orden público y la propiedad municipal y privada que estos energúmenos destruyen en cada oportunidad.

Curiosamente esta realidad es ignorada por el Instituto de Derechos Humanos y parlamentarios de izquierda, que los defienden siempre, ignorando absolutamente que los carabineros también tienen derechos humanos, entre los cuales está el derecho a la legítima defensa. La enorme desproporción entre los lesionados de Carabineros y los violentistas demuestra claramente que Carabineros ha hecho uso de la legítima defensa en una forma ejemplar y moderada. Lo comprueba la forma en que reaccionan las policías de otros países frente a ataques similares. La gran diferencia está en que en esos países se respeta a la policía y no se la ataca por cumplir con su deber de controlar el orden público.

Al parecer, lo políticamente correcto es censurar el actuar de Carabineros, con lo cual lo único que se logra es que estos delincuentes se sientan amparados y continúen con sus desmanes; todo a nombre de defender los derechos humanos. ¿Dónde están los derechos humanos de los comerciantes que ven destruidos y saqueados sus locales, el derecho de los ciudadanos a que se conserven los bienes de uso público, el derecho a usar y gozar libre y tranquilamente de calles y avenidas?

Es hora de protestar por esta discriminación, por exigir que se condene clara y categóricamente a los verdaderos victimarios y no a quienes cumplen sacrificada y abnegadamente su obligación de resguardar el orden público y proteger la propiedad sea pública, municipal o particular.

Miguel Otero Lathrop
Abogado, Profesor Universitario