La dinámica que presentan las tomas estudiantiles en sedes universitarias y también en colegios emblemáticos ilustra -al extremo- las prácticas de quienes promueven el asambleísmo como la instancia apropiada para definir el futuro del país. Su mecánica contempla siempre erradicar de la asamblea cualquier conducta dialogante, hasta imponer por el cansancio o la fuerza la vanguardia más radical. A diario se ve a indignados apoderados y alumnos denunciar -en vano- que las medidas de fuerza no han sido acordadas por las instancias respectivas, o que las votaciones se han repetido hasta conseguir imponer la toma.
Así las cosas, es decisiva la actitud de los rectores universitarios en defensa del principio de autoridad y del derecho de los estudiantes a invocarlo para realizar la tarea que les es propia. Con todo, la realidad del gobierno universitario en cada institución es diferente, y así, mientras el rector de la Usach ha pedido el desalojo de una toma de la rectoría, su homólogo de la Universidad de Chile ha priorizado el respeto al derecho a manifestarse. Es difícil anticipar las consecuencias que pueda tener para una universidad este último camino.
La Haya en la recta final

En los próximos días los jueces de La Haya comenzarán las últimas deliberaciones y la redacción de la resolución sobre la demanda peruana por la delimitación marítima con Chile, y el fallo se haría público durante la primera quincena de julio.
En el último tiempo se han multiplicado en ambos países las iniciativas privadas y públicas en favor de un clima de opinión pública que acoja con serenidad lo resuelto por el tribunal internacional, sin avalar posiciones que pongan en cuestión su acatamiento.
En Chile no han circulado mayores trascendidos ni especulaciones respecto del eventual contenido de la sentencia de los 14 magistrados de la Corte. Siendo de suyo difícil especular sobre ese texto, Chile espera un fallo ajustado a derecho y, en ese sentido, favorable a la posición sustentada por nuestro país. Asimismo, Chile exhibe una larga tradición de respeto a la jurisdicción internacional que avala el cumplimiento de lo resuelto por la Corte.
Por el contrario, durante las últimas semanas la opinión pública peruana se ha visto sometida a cierto flujo de filtraciones y trascendidos, y de reuniones del más alto nivel de sus autoridades públicas, que anticipan "un fallo complejo", entendiendo por tal un abanico de combinaciones que van desde la adjudicación de territorios marítimos hasta el establecimiento de zonas de pesca compartidas entre ambos países, y se alude a los numerosos cambios normativos que habría que impulsar para ajustarse a la nueva realidad que emanaría de esa resolución.
Discutible redacción de compromiso político

En este contexto se inserta la suscripción esta semana de un texto de compromiso por parte de todos los presidentes de los partidos políticos chilenos, invitando al acto de difusión del mismo en la sede del Congreso Nacional en Santiago al embajador del Perú. Aun cuando no haya existido un acto equivalente en el país vecino, esta iniciativa parece en línea con el clima general que promueven los gobiernos de ambas naciones.
Con todo, en el sensible ámbito de las relaciones vecinales del país, los actores con proyección pública, como lo son los partidos políticos, las Fuerzas Armadas o las cámaras del Congreso, deben extremar el celo en la redacción de su pensamiento, ya que actúan en un ámbito ajeno a ellos y de competencia exclusiva del Ejecutivo. Así, en la declaración se debieron despejar aspectos de redacción equívocos, como que se trata de "un diferendo marítimo que nuestros países han entregado" a la determinación de La Haya, como señala el texto en comento. En rigor, Chile fue demandado ante esa Corte, se crearon tensiones artificiales y se han debido destinar cuantiosos recursos económicos y humanos para la defensa jurídica en esa instancia de los derechos que nos son cuestionados por Perú.
Es procedente respaldar todas las iniciativas de diálogo y distensión entre Chile y Perú, pero con la debida prolijidad en su ejecución, para que no se interpreten como un saludo anticipado a la decisión de la Corte, incluso sin conocerla e independientemente de su contenido, por cuanto aparece previamente condonada aun en el evento de que se aparte de fundamentos de derecho.
No cabe pensar que la reacción de Chile pueda ser la misma si el fallo de La Haya se ajusta al derecho aplicable o si se aleja aberrantemente de este, sin afectar por ello su acatamiento.
En el reciente caso de Colombia y Nicaragua, la Corte debió diseñar una resolución que la obligó a dibujar líneas y fijar criterios que impactaron más allá de la contienda, suscitando una airada reacción del primer país. Esa expresión de malestar contra lo resuelto es legítima y relevante para el funcionamiento de una Corte Internacional cuyo imperio se basa fundamentalmente en su prestigio y ascendiente para merecer la confianza de reglar posteriores causas.
El caso de Chile es distinto porque se trata de una disputa en derecho, con tratados y prácticas vigentes hace más de 50 años, por lo que el cumplimiento del fallo, que debiera refrendar aquello, no debiera presentar mayor complejidad, y su pleno acatamiento ha sido comprometido por los presidentes de los dos países.