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Cartas
Domingo 16 de junio de 2013
Presos mapuches
Señor Director:
Con asombro he leído las declaraciones del ministro Chadwick en este medio objetando el criterio de Gendarmería en torno a autorizar la solicitud para la celebración del año nuevo indígena, realizada por Celestino Córdova en la cárcel de Temuco, principal imputado por el asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay. Más aún, señala que se habrían dado instrucciones para que ello no volviera a suceder y anunció eventuales sanciones -a decidir por parte del Ministerio de Justicia y la dirección de Gendarmería- a quienes hubieran autorizado dicha celebración. El ministro confunde a la opinión pública al mezclar cuestiones que son de distinto cuño.
En primer lugar, sus palabras reflejan la falta de comprensión de muchos respecto de la cultura mapuche -y en general de los pueblos indígenas- y del papel que en ella tiene esta celebración, en este caso encabezada por un machi. Si a un católico no se le niega de profesar su fe, si en los centros penitenciarios se realizan diariamente rituales religiosos evangélicos, ¿cuál sería la razón para negarles a las personas que pertenecen al pueblo mapuche la realización de su ritual, independientemente del delito del que se los acusa? Por más condenable que sea el crimen que cometa una persona -y en este caso aún no hay condena-, esto no precluye el ejercicio de otros derechos, que no sea la privación de libertad.
En segundo lugar, el ministro del Interior compromete la responsabilidad del Estado de Chile en relación con las obligaciones que emanan de la ratificación y actual vigencia en nuestro país del Convenio 169 de la OIT. De acuerdo con este, se debe garantizar a las personas que pertenecen a los pueblos indígenas el desarrollo de su espiritualidad, que no es ni más ni menos relevante que la práctica que realiza cualquier persona no mapuche de su religión. De no permitírsele, se estaría incurriendo en un trato discriminatorio que no es aceptable en el campo de los derechos humanos.
Al contrario de lo que opina el ministro del Interior -que está por sancionar a los funcionarios que autorizaron este hecho-, lo que cabe es reconocer que en estas materias Gendarmería de Chile ha hecho esfuerzos por adecuarse a los estándares exigidos en derechos humanos. Resulta contradictorio, entonces, que el Gobierno reproche los avances alcanzados en lo que ha señalado como el principal problema de derechos humanos en Chile: la situación carcelaria.
Lorena Fries Monleón
Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos