Varios mensajes presidenciales han anunciado la separación en dos entidades del actual Servicio Nacional de Menores (Sename) -una larga aspiración de los especialistas y de los organismos internacionales en esta área-, para lograr una adecuada especialización en dos ámbitos: la protección de derechos de los niños, que pasaría al Ministerio de Desarrollo Social, y la reinserción de los jóvenes infractores, que se mantendría en el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, no basta dividir el actual servicio. Es fundamental que este proyecto -en primer trámite en la Cámara Baja desde agosto de 2012- incorpore modificaciones en cuanto a las estrategias aplicadas y la gestión asociada a sus respectivas áreas. Lo anterior resulta redobladamente necesario en lo relativo a responsabilidad penal adolescente, que ha recibido constantes críticas y evaluaciones negativas por sus malos resultados: excesivo uso de internación provisoria, cuestionamientos de la calidad de medidas como el sistema semicerrado, falta de especialización de los actores, elevadas tasas de reincidencia delictiva de quienes egresan del sistema, ausencia de adecuados esquemas de clasificación y segmentación de la población infractora juvenil -lo que impide una correcta intervención-, necesidad de contar con centros de alto estándar a nivel nacional -hoy no solo hay insuficiencia de plazas, sino de moderna infraestructura-, que permitan el desarrollo de actividades socioeducativas.
Para todo lo anterior, los dos nuevos servicios resultantes de la división del actual necesitarán personal técnicamente preparado, y aumentar el porcentaje de profesionales que hoy trabajan en ellos (actualmente, el 70% del personal del Sename no es profesional). Por cierto, las políticas de intervención que se apliquen deberán considerar la abundante experiencia comparada. Nada de esto es superfluo, sino requisito para mejorar la prevención temprana y elevar las tasas de rehabilitación y reinserción en su caso, que son decisivas para reducir el deslizamiento hacia carreras delictivas juveniles.
En cuanto a protección, será también necesario que, junto con el traspaso del nuevo servicio al Ministerio de Desarrollo Social, se regulen de manera adecuada los derechos de los niños y adolescentes, mediante una moderna Ley de Protección.
Urge que el Congreso dé pronto curso a este postergado cambio institucional, desestimando presiones de ciertos grupos gremiales que anteponen el interés propio al de los menores que requieren atención, incluso mediante llamados por escrito a "una alianza estratégica entre las bancadas de oposición y los funcionarios fiscales para frenar las modificaciones que traen dichos proyectos a la actual institucionalidad". Y esto, pese a que un artículo transitorio del proyecto dispone expresamente que los procesos de traspaso y encasillamiento a que dé lugar esta ley no podrán ser considerados como causal de término de servicios, ni supresión de cargos, ni cese de funciones o término de la relación laboral, ni pérdida del empleo, disminución de remuneraciones, ni modificación de los derechos previsionales.