La precandidata presidencial Michelle Bachelet ha ratificado la propuesta de crear una AFP estatal sin explicitar detalles en cuanto a cómo funcionaría ella ni cómo ayudaría a mejorar las jubilaciones. Así, la figura con más posibilidades de ganar las primarias de su sector se suma al resto de los candidatos de la oposición -excepto Andrés Velasco- en una idea que ha sido frecuentemente planteada en los últimos años, pero nunca precisada en sus alcances exactos. Esto último es preocupante, porque detrás de una AFP estatal caben muchas posibilidades: desde el simple ingreso del Estado como un actor más al sistema (como ocurre actualmente con el BancoEstado en la banca) hasta la concentración de todas las pensiones en manos de una agencia estatal.
En su versión menos disruptiva (una AFP estatal que entre como un actor más al sistema), la pregunta que surge es cuál sería su objetivo. Si lo que se busca es un actor que cobre comisiones más baratas, no tendría sentido, pues la licitación de cartera ya ha permitido que una AFP (Modelo) cobre la mitad que el resto. Otros han planteado que una AFP estatal podría invertir en bonos de empresas pequeñas y medianas, que ofrecen más rentabilidad. En tal caso, la pregunta es cómo se enfrentaría el riesgo que eso implica. Adicionalmente, su inclusión encarecería los costos de la burocracia del Estado y podría distorsionar el mercado, al entrar como actor privilegiado.
En el extremo, una AFP estatal podría significar concentrar el sistema de pensiones en un ente del Estado -en la práctica, en manos del Ejecutivo de turno-, esto es, una regresión al antiguo sistema de reparto. Así lo ha planteado expresamente el precandidato José Antonio Gómez (PR), propiciando la vuelta a un sistema que no solo fracasó en Chile, sino también en el mundo entero.
A diferencia de lo que ocurre en Europa y Norteamérica -que tienen, precisamente, un fallido sistema de reparto-, nuestro sistema previsional no está en crisis, y solo requiere de modificaciones que lo perfeccionen.
Hoy, el principal problema de las AFP es que el sistema previsional no está otorgando pensiones equivalentes a las previstas cuando se instauró en 1981. La causa de ello es principalmente demográfica: las tasas de longevidad son hoy mayores que entonces, pero el período de trabajo es el mismo. A eso se agrega que por largos lapsos el desempleo fue muy alto y los salarios muy bajos, lo que inevitablemente afectó al sistema. Sin embargo, la promesa de cautelar esos fondos e invertirlos juiciosamente ha sido cumplida con creces. En los más de 30 años que lleva operando el actual sistema, la rentabilidad promedio anual bordea el 9% real, un retorno muy atractivo en cualquier contexto de inversiones. Con esta base privada, el Estado puede ser un elemento complementario de importante ayuda, y hacer frente a una carga económica que es abordable para mejorar las pensiones.
Ninguno de tales problemas se soluciona con una AFP estatal. En cambio, elevar la tasa de cotización obligatoria o postergar la edad mínima para jubilar sí son vías de solución -que podrían complementarse con el alza paulatina de las pensiones básicas y solidarias, que financia el Estado, y también con fórmulas que promuevan el ahorro voluntario-, pero su impopularidad hace que las ofertas políticas nada digan al respecto. Con ello se silencia, igualmente, la realidad de que, más temprano que tarde, una AFP estatal también tendría que recurrir a esas vías, a menos que quiera caer de hecho en quiebra, como ocurrió con las viejas cajas de previsión.
En todo caso, deberían buscarse nuevas fórmulas para seguir incentivando la competencia en el sistema -como se hizo con éxito mediante la licitación de carteras- para fomentar una baja mayor en las comisiones cobradas a los usuarios, más allá de que estas han venido a la baja (en 1988, la AFP más barata cobraba 3,3% del sueldo imponible; la más barata actual, solo 0,77%).