El Gobierno ha querido sentar el mejoramiento de la calidad de la democracia como uno de sus ejes prioritarios, lo cual requiere hacer a nuestras instituciones más transparentes y confiables. Para eso se han impulsado principalmente tres proyectos: el de Probidad en la Función Pública, el que modifica la Ley de Transparencia y el de regulación del l obby .
El primero de ellos ingresó como mensaje en mayo de 2011. Con el propósito de prevenir conflictos de interés, establece la obligación para algunas autoridades de desprenderse de la administración o la propiedad de parte de su patrimonio en circunstancias determinadas, y regula mejor la obligación de ciertas autoridades y funcionarios públicos de declarar regularmente su patrimonio e intereses. Ya aprobado por la comisión competente, se encuentra con suma urgencia y próximo a ser votado en general en la sala del Senado, en segundo trámite constitucional.
El proyecto que modifica la Ley de Transparencia nació por moción de diputados oficialistas y opositores, e ingresó a tramitación en la Cámara Baja en junio de 2011. Él recoge la experiencia y jurisprudencia en la aplicación de la ley desde su promulgación, incorporando a nuevos sujetos pasivos; establece de modo expreso la obligación de custodia y archivo de la información pública; aumenta las obligaciones de transparencia activa de los entes públicos, y perfecciona el procedimiento para tramitar las solicitudes de transparencia pasiva, entre otros cambios.
El Ejecutivo presentó una serie de indicaciones, en su mayor parte consensuadas con el Consejo para la Transparencia, a la luz de la experiencia acumulada y la jurisprudencia de dicho órgano, incluido lo relativo a la publicidad de correos electrónicos de autoridades. Habiéndosele asignado suma urgencia, desde enero pasado se encuentra pendiente en la comisión de Gobierno.
Finalmente, en mayo de 2012 el Gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby , actualmente en segundo trámite constitucional y que ingresó al Senado por mensaje presidencial en noviembre de 2008, fundándose en la transparencia de las decisiones públicas y la experiencia comparada en cuanto a gestiones de lobby . También ha recibido urgencia durante su tramitación en la Cámara. En mayo pasado, la comisión de Constitución, luego de llegar a acuerdo con el Ejecutivo, lo despachó para su pronto conocimiento por la comisión de Hacienda y posterior votación en la sala, para así iniciar su tercer trámite en el Senado.
Conviene que estos proyectos sean resueltos pronto en el Senado, pues la transparencia de las instituciones políticas favorece su mejor funcionamiento, incentiva la participación, somete a las autoridades al control ciudadano y fomenta la confianza hacia ellas -hoy puesta en tela de juicio por diversos grupos antisistémicos-.