Con más fuerza que otros mandatarios, el Presidente Piñera presenta aspectos de su personalidad que despiertan espontáneo reconocimiento, como su capacidad, dedicación y laboriosidad, junto a facetas que suscitan molestia, como sus dificultades para atenerse a las formas. La exitosa gira a Canadá y EE.UU. le permitió cosechar los mayores elogios del Presidente Obama hacia nuestro país y su administración, coronada con la nominación de Chile al plan de eliminación de visado turístico a ese país. Pero simultáneamente tuvo el gesto -discutible en la máxima magistratura nacional- de ocupar y fotografiarse en el escritorio del Presidente estadounidense.
Con todo, a su regreso al país, abordó con un paquete de 21 medidas -en educación, vivienda, salud y trabajo, entre otras- la extraordinaria caída de la tasa de natalidad, que tiene a Chile en el último lugar en Sudamérica, y que el Mandatario califica como un "terremoto demográfico" más grave que el 27-F. Con ello intenta revertir los efectos de una errónea tendencia que comenzó a gestarse en los años 60 con la activa política gubernamental de control de la natalidad para combatir la pobreza. Este esfuerzo, que debió abordarse hace muchos años, merece debido reconocimiento.
Esa sintonía de Piñera con los temas de fondo, al hacerse cargo tanto de los populares como de los ingratos, es lo que en definitiva quedará como positivo legado de su gobierno, y ese juicio ciudadano ya comienza a registrarse en las encuestas de opinión.
Señales de distensión
A tres semanas de las primeras primarias legales, el clima de encono en los días pasados dio signos de distensión, pese al crispado debate en torno a los falsos exonerados políticos que consiguieron pensiones vitalicias del Estado. El ánimo de alcanzar un acuerdo para destrabar la agenda energética en el Congreso (Chile exhibe el triste récord de ser el segundo país con más altos costos de energía luego del Congo) se plasmó en un conjunto consensuado de indicaciones por parte de diputados y senadores de las comisiones de Energía de ambas cámaras. Es una señal loable para la política, sin perjuicio de las reservas que puedan despertar algunas propuestas.
Cedieron asimismo los vetos que se insinuaron al nombramiento de la jueza Chevesich a la Corte Suprema. Senadores del PDC e incluso del PS han dado señales de que aprobarán la propuesta del Ejecutivo, que encuentra amplio respaldo del mundo jurídico y judicial, surgida de la quina (que ella encabeza) entregada por la propia Corte.
En la misma línea se inserta el anuncio del senador Escalona, que no postula a la reelección, de que no abandonará la política y que, por el contrario, evalúa postular a la presidencia del PS. Que personalidades de la experiencia del ex presidente del Senado perseveren en su vocación pública, sin ceder a transitorios reveses, es una buena noticia para el país.
La competencia que se ha abierto por el segundo lugar en la primaria opositora tras el pacto Nueva Mayoría (dada la amplia ventaja de Bachelet) ha llevado a varias figuras de la DC a cerrar filas con su abanderado Claudio Orrego, desafiado por la candidatura independiente de Andrés Velasco. El reordenamiento de ese partido también es una señal estabilizadora, por su identidad centrista y moderadora de los planteamientos del PC, que apoya a Bachelet, como en cierta forma lo reconoce quien fuera el generalísimo de la candidata en su primera campaña presidencial, Ricardo Solari.
Irregularidades en el "caso exonerados"
La auditoría desarrollada por la Contraloría en el control de legalidad del cumplimiento de las condiciones para acceder a los beneficios para exonerados políticos, sin afectar la atribución privativa de la Presidencia de la República para calificar ese estatus, determinó la existencia de numerosos casos de anomalías. La rigurosidad del contralor hace inviable cualquier suposición de intenciones, pero obliga a preguntarse por qué solo ese organismo ha tenido la decisión de esclarecer esta situación, que ya se vislumbró en 2006. No está claro el aporte hecho hasta aquí por la Fiscalía Nacional, que conoce antecedentes al respecto; ni por el Poder Judicial, en que existe una causa abierta; ni por el Congreso, que constituyó una comisión investigadora; ni por el Consejo de Defensa del Estado; ni por el gobierno de Bachelet, que recibió antecedentes claros de irregularidades en la gestión de la oficina dependiente del Ministerio del Interior a cargo del Programa de Exonerados Políticos. Pese a la envergadura de recursos y al número de personas involucradas, pareciera que al alero del Estado pueden tener lugar semejantes movimientos sin que en las respectivas instituciones surjan señales de alerta.
Este sensible ámbito no excusa de una labor rigurosa en la determinación de sus destinatarios, en favor de quienes efectivamente padecieron abusos, y no de activistas, personas relacionadas políticamente o supuestos indigentes que parecen haberse aprovechado de una muy liviana gestión del aparato público y de algunos parlamentarios.
La pretensión del PC de haber tenido 2.000 empleados en 1973 que también pueden acceder a esos beneficios, frente a poco más de 50 del PDC, entonces el mayor partido de Chile, o 10 del P. Radical, solo se sostiene arguyendo ese partido que la inexistencia de sus imposiciones previsionales se debe a que estaban a punto de realizarse el 11 de septiembre de 1973.