Señor Director:

En la intensa polémica desatada en torno a las eventuales irregularidades en la otorgación de beneficios a los exonerados políticos durante la dictadura militar, su periódico ha publicado la información entregada por el Ministerio del Interior sobre la cantidad de certificados firmados por parlamentarios acreditando solicitudes de víctimas de despidos de sus trabajos. Aparezco allí habiendo otorgado 348 certificados. El contexto de la información es la grave responsabilidad de los parlamentarios en lo que el montaje publicitario del Gobierno ya ha calificado como un gigantesco fraude al fisco, aún antes de que se realice investigación alguna de las denuncias por parte de la autoridad competente: la recién designada ministra en visita.

Lo que la información no aclara, ni explica, es que en el informe de la Contraloría que detecta insuficiente información en unos tres mil casos de exonerados, solo se objeta un certificado emitido con mi firma; es decir, un 0,29% del total. Incluso, el caso objetado puede ser paradigmático. Se trata de un trabajador despedido junto a otros 250 de la empresa Burger S.A.C.I. el 14 de octubre de 1977. El decreto de intervención por parte de dicha empresa fue publicado el 19 de octubre del mismo año. La diferencia de cinco días lleva a la Contraloría a considerar que el despido de ese trabajador no fue realizado por la autoridad ni motivado políticamente. Confío en que la justicia pondrá las cosas en su lugar.

La mayor dificultad de la ley de exonerados fue la acreditación de tal condición. Salvo los que fueron detenidos, a nadie la dictadura le certificó, obviamente, la naturaleza política de su despido, y además la información indispensable en muchos casos fue destruida, o simplemente se perdió. Ello obligó a un complejo sistema de calificación. Es perfectamente posible que en él se hayan cometido errores o abusos que es indispensable investigar por la autoridad competente: el Poder Judicial. Lo que es inaceptable es la utilización electoral por parte del Gobierno de un tema que afecta la dignidad y los derechos de miles de chilenos víctimas de la dictadura.

Jaime Gazmuri Mujica