Agresiones a candidatos

Las agresiones sufridas por Bachelet y Longueira durante sus actividades en terreno despertaron unánime rechazo de sus competidores y los dirigentes partidistas. Esa reacción es positiva y muestra que el mundo público mantiene una sensibilidad bien orientada frente a conductas y hechos repudiables, cualesquiera sean sus destinatarios o protagonistas.

Con todo, los dirigentes políticos no parecen advertir con igual nitidez que sus propias actuaciones y dichos pueden estar contribuyendo a crear un clima que alienta o favorece conductas desajustadas. Así, son reprochables las denuncias sin fundamento serio sobre presunta intervención del Gobierno y amenazas a beneficiarios sociales, o insinuar que la fiscalización del SII al hijo de Michelle Bachelet pueda tener un trasfondo electoral, en circunstancias de que su denunciante es una figura probadamente independiente del actual gobierno.

La actividad pública en Chile y en muchas partes del mundo atraviesa por un período de cuestionamientos. El bajo reconocimiento hacia quienes se vuelcan a la actividad política está extendido en las principales democracias del planeta, todas las cuales buscan fortalecer la calidad de su política y mejorar las regulaciones de los aspectos más críticos: financiamiento de campañas y partidos políticos, transparencia y probidad de los representantes públicos, democracia interna en los partidos y vitalidad de la participación ciudadana.

Agenda pro transparencia y probidad: llamativa demora

Chile también tiene una agenda al respecto, pero ella se encuentra inexplicablemente retrasada en su tramitación legislativa: la Ley del Lobby , los cambios a la Ley de Transparencia y las nuevas regulaciones sobre declaraciones patrimoniales y de fideicomiso para altos cargos públicos. Ese conjunto de normas puede cambiar el cuadro general de nuestra actividad pública. Y esa puede ser una de las razones de su difícil tramitación y discusión legislativa, pues para quienes en el fondo rechazan su existencia, no hay nada más conveniente que postular su insuficiencia y proclamar pomposamente la necesidad de ir más lejos.

Es probable que se supere la actual crisis que afecta a la función pública en tantas partes del mundo, pero el nivel en que quede situada dependerá en gran medida de la solidez de sus instituciones. Eso ha distinguido a Chile, y el mundo político debe cautelarlo.

Abona ese rasgo el impacto del informe de la Contraloría respecto de los falsos exonerados políticos, cuyos alcances de hecho y de derecho se comentan en esta misma página. En lo propiamente político, el prestigio del órgano contralor no deja espacio para suponerle otras intenciones a su dictamen, y los parlamentarios alcanzados por el informe se han adelantado a reconocer su responsabilidad en cuanto a haber sido engañados a su vez por quienes les solicitaron respaldo para obtener el estatus de exonerados que habilitaba para recibir pensiones económicas del Estado.

Para la Concertación resulta muy inoportuna la entrega de este informe, porque en plena campaña de primarias revive el tema de las malas prácticas que en buena medida determinaron su derrota presidencial en 2009. Las sucesivas victorias electorales anteriores a esta, que alejaron el temor al relevo del poder, conspiraron contra la contención frente a espacios de discrecionalidad y deficientes regulaciones.

¿Arriesgar el regreso del MOP-Gate?

Algo similar ocurre -como en lo jurídico también se analiza por separado en esta página- con la nominación de Gloria Ana Chevesich como candidata a la Corte Suprema. Pese a la resistencia que despierta su nombre en algunos personeros de la Concertación, replicar el improcedente veto aplicado al juez Juan Manuel Muñoz -en rechazo a resoluciones judiciales específicas que afectaron a ese conglomerado- reabriría el debate público sobre el caso MOP-Gate, que puso en tan duro trance al gobierno de Ricardo Lagos, cuando se hizo público que los más altos funcionarios públicos recibían sobresueldos con fondos reservados, entre otras anomalías. Revivir ese episodio solo favorece a quienes más allá de la Concertación, como Enríquez-Ominami, han sido duros críticos de lo obrado por ese conglomerado y sus acuerdos políticos con la Alianza, entre ellos el que puso fin a la crisis del MOP-Gate.

Incluso para el Partido Comunista -cuya proclamación de Bachelet como candidata no es un asunto unánime- estos episodios incomodan. La adhesión PS-PC al primer candidato presidencial conjunto desde 1970 ha variado. Entonces, la tibieza provenía de los correligionarios socialistas de Allende, mientras el PC apoyaba entusiastamente su campaña.

Hoy, el apoyo del PC tiene mucho de pragmatismo y poco de épica. Esto último se expresó brutalmente en las palabras de Teillier de que, a cambio, el precio era la protección de la candidatura de Camila Vallejo en La Florida. Es un paradójico ingreso al mundo electoral para esa disruptiva dirigente estudiantil, que con tanta soltura en la comisión de Educación descalificaba a la senadora Ena von Baer como "parlamentaria designada".