En casi 29 mil millones de pesos de perjuicio patrimonial para el fisco estimó la Contraloría el total gastado indebidamente en el pago de pensiones a casi seis mil exonerados políticos que no cuentan con los requisitos para recibir pensiones vitalicias por razones de vejez, antigüedad, invalidez o sobrevivencia. A estas cifras se suma una investigación de la misma Contraloría, en que se examinaron 9 mil expedientes de un total de 74 mil, y en la que salió a la luz la existencia de cerca de tres mil casos de personas que, no siendo exonerados políticos, han sido beneficiadas como tales.

Si bien el órgano contralor aún no ha cuantificado el gasto fiscal que implicarían esas casi tres mil situaciones hasta ahora detectadas, el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Previsión Social han estimado que tales irregularidades representarían cerca de 61 mil millones de pesos fraudulentamente desembolsados. Ya en 2012 el propio Gobierno, revisando 50 mil carpetas, detectó que un quinto de ellas correspondía a "falsos" exonerados, antecedentes que se entregaron al Consejo de Defensa del Estado, que aún está evaluándolos.

La Ley de Exonerados Políticos buscó reparar con beneficios previsionales a todos aquellos exonerados por causas políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Si bien la ley estableció claramente el perfil de sus beneficiarios, el procedimiento para la determinación de los nombres que debían ser considerados se basó en gran medida en la buena fe de parlamentarios que avalaban su inclusión. Existe, por tanto, una clara responsabilidad de aquellos que firmaron certificados sin hacer una fundada indagación previa de los antecedentes de cada recomendado. Según la ministra del Trabajo, de las recomendaciones de falsos exonerados "884 casos correspondían al PC, 660 al PS, 61 al PRSD y 42 a la DC".

En un contexto nacional en el que con razón se han denunciado acremente varias situaciones de abusos de entidades privadas, este nuevo caso de fraude, ahora proveniente del ámbito público, muestra que el Estado tampoco se halla libre de las irregularidades y faltas que viene criticando al mundo privado. Ni el mercado ni el Estado son perfectos, y los abusos se producen en uno y otro, por lo que es prudente no validar a priori aquellos discursos que pretenden corregir los problemas del mercado mediante soluciones estatales. En cualquier caso, esta anomalía es de una envergadura y supone un grado tal de organización o, al menos, de tácita cohonestación, que exige una exhaustiva aclaración.