Los papeles se han alternado: mientras los dos candidatos presidenciales de la Coalición por el Cambio se proponen continuar la obra del Gobierno, ahora es la Concertación la que enarbola la bandera del cambio. No hay aún mayor precisión acerca de la naturaleza y alcance de tales reformas, pero se anticipa que serían "de fondo". Por eso reviste notorio interés el documento elaborado por cuatro centros de estudios de centroizquierda, el cual resume los debates sostenidos por una treintena de conocidos expertos afines a ese sector político.

Más que el contenido específico de los planteamientos, lo que sorprende es su tono. Aunque muchos de los integrantes del grupo desempeñaron importantes funciones en los gobiernos de su coalición, son abiertamente críticos del estado actual del país. Sus críticas se dirigen no solo contra las iniciativas impulsadas por la presente administración, sino muy especialmente al modelo económico, político y social que nos rige. Como en la construcción, mantenimiento o perfeccionamiento de muchas de sus piezas trabajaron los gobiernos de la Concertación durante 20 años, y a muchos respectos con logros valiosos para el país, semejante viraje exige una explicación.

Ocupa un lugar central en el documento la idea de una nueva Constitución. Cuando el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle asumió esa propuesta en su campaña presidencial de 2009, fue recibida con frialdad. Hoy, sin embargo, se enuncia como crucial, al punto de que solo tal cambio -se afirma- haría posibles las reformas económicas y sociales que se conciben. Pero las opiniones de los expertos parecen divergir ampliamente sobre el cómo materializar ese proyecto dentro de los cauces institucionales. Si los cambios de fondo que se proponen suponen una nueva Constitución, podrían fácilmente terminar encajonados en un callejón sin salida.

En lo estrictamente económico, los expertos concuerdan en la necesidad de una reforma tributaria, esto es, un alza de la carga tributaria, que uno de ellos sitúa en 3 a 4% del PIB. No se precisa mayormente el destino que se daría a tales recursos, cuáles serían los tributos aumentados ni con qué velocidad. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha llamado la atención sobre el daño que ello podría ocasionar sobre el crecimiento económico. Pero, en verdad, sin conocer los proyectos concretos a financiar, es difícil apreciar el impacto de tal propuesta.

Algunos de los economistas citados en el documento parecen justificar el incremento tributario no tanto para abordar nuevos gastos, sino para corregir lo que ven como una inconveniente dependencia del cobre para el financiamiento fiscal. Esa preocupación es válida y denota un saludable llamado a la prudencia en el manejo del erario público. Pero llama la atención que no adviertan que ello no proviene sino del rápido crecimiento del gasto público durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, en el que subió 5% del PIB. En otras palabras, lo que estos expertos nos están advirtiendo es que llegó la hora de pagar esa cuenta.

Concuerdan también los economistas de centroizquierda en que es importante mantener el crecimiento a buen ritmo. Pero su visión de lo realizado por el actual gobierno es muy negativa. Por ejemplo, basados en antecedentes de 2010-2011, niegan todo aumento de productividad, cuando es obvio que tal período está influido por el terremoto. No se advierte, en cambio, que si no fuese por una mayor productividad, la expansión económica en efecto registrada necesariamente habría provocado mucha más inflación. Abogan por una política industrial activa para impulsar la inversión y la productividad, pero omiten mencionar que tales políticas siempre actúan a través de subsidios o franquicias tributarias para los sectores seleccionados y sus respectivas empresas. La experiencia sugiere que hay buenas razones económicas y políticas para preferir la ley pareja y la libre competencia por sobre la discrecionalidad estatal.