Un testimonio de esta equivocada dicotomía es la inoportuna condecoración al canciller argentino, con la Orden al Mérito de Chile por el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, al día siguiente de que la Línea Aérea Nacional (LAN) suspendiera sus vuelos a Buenos Aires, bajo presiones ilegítimas, en desconocimiento de medidas cautelares de la justicia, y fuera forzada a convenir gravosas condiciones impuestas por una empresa estatal argentina. No es un secreto que el asedio a LAN apunta a dejarla en situación desmedrada frente a la línea estatal argentina. Pese a los perjuicios causados a miles de pasajeros y a LAN, el comunicado de la visita del canciller argentino solo destaca el buen pie de los vínculos entre ambas naciones y no consigna este agraviante incidente.

Similares situaciones se han repetido permanentemente durante los gobiernos anteriores, coincidentes con los de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Basta recordar la expropiación de activos de Enap el día antes de la visita de la Presidenta Fernández a Chile y las flagrantes transgresiones al tratado del gas. Tales infracciones derivaron en cortes del combustible que afectaron a cientos de miles de hogares y a miles de empresas y trabajadores chilenos, sin obtener compensación alguna y con repercusiones en las relaciones diplomáticas y visitas presidenciales.

Posteriormente, y hasta ahora, las exportaciones y empresas chilenas en Argentina se desenvuelven en medio de barreras paraarancelarias discrecionales, controles cambiarios y de precios, en perjuicio de sus legítimos retornos, de la repatriación de utilidades y ventas, y del abastecimiento de sus repuestos y materias primas. Ninguno de esos obstáculos sufren las exportaciones, servicios y empresas argentinas en sus actividades en Chile, que se desarrollan en absoluta normalidad y sin discriminación alguna.

A la falta de reciprocidad se agrega que Argentina goza de un desproporcionado y creciente saldo comercial con Chile, favorable en cerca de 4 mil millones de dólares el año pasado. En cambio, las exportaciones chilenas a ese destino, estancadas por años, descendieron y apenas superaron los mil millones de dólares. Más aún, las producciones chilenas compiten en desventaja con las importaciones desde Argentina, que reciben elevados subsidios en los costes energéticos.

No corresponde a los gobiernos extranjeros entrometerse en las políticas públicas argentinas ni en las de ningún otro país. Los gobiernos son soberanos en sus medidas económicas y responsables ante su ciudadanía de sus consecuencias internas. Pero eso no significa que no respondan ante la comunidad de naciones por las medidas contrarias al comercio internacional, obstructivas del libre comercio, atentatorias de la libre competencia y discriminatorias para los inversionistas extranjeros.

Las buenas relaciones entre los estados no cubren solo la dimensión política: se extienden también a las económicas y exigen reciprocidad de trato en todos sus ámbitos. Eso no parece ocurrir con Argentina, a lo menos en el campo comercial y judicial. Para obviar la extradición de uno de los implicados en el asesinato del senador Guzmán, el gobierno argentino optó por darle asilo político. También conoce el gobierno argentino los procesos judiciales iniciados por inversionistas chilenos ante las arbitrariedades de las autoridades de ese país.

Las relaciones con Argentina son y merecen ser una de las prioridades más altas de nuestra política exterior. Lo han sido y con razón. Desde la independencia se han creado lazos únicos, que ofrecen oportunidades excepcionales. Nuestra extensa frontera permite una integración sin paralelo y siempre hemos logrado solucionar pacíficamente nuestras diferencias, aun las más trascendentales. La fecundidad de estos valiosos elementos requiere voluntad efectiva y recíproca, a ambos lados de la cordillera. Pero, a la luz de los hechos, parecería que los últimos gobiernos argentinos han perdido interés en las buenas relaciones con Chile y las dan por descontadas, independientemente de sus medidas contrarias a nuestros intereses nacionales.

Cumbre de la exitosa Alianza del Pacífico

El fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, creada por Chile, Colombia, México y Perú, es un ejemplo para la integración regional que supera y trasciende todas las expectativas. Así lo demuestran la VII Cumbre en Cali y el renovado interés de Australia, España, Nueva Zelandia y Uruguay por constituirse en países observadores, y la probable incorporación plena de Panamá y Costa Rica. La razón del éxito está en los valores compartidos de los países fundadores en torno a la libertad económica; la firme voluntad de sus gobiernos por materializarla en la libre circulación de bienes, capitales, personas y servicios dentro de la asociación, y la decisión de articular sus realizaciones en pro del bienestar de sus pueblos y de su integración y proyección al resto del mundo, en especial en el Asia Pacífico.

A menos de un año de la creación formal de este bloque, sus logros son ciertamente notables en la eliminación de barreras comerciales en cerca del 90% de los derechos de importación interregionales; en la coordinación de sus agencias comerciales en el exterior, la facilitación de los intercambios estudiantiles y académicos, la cooperación para el turismo y la homologación de normas de origen, y la fluidez en las transacciones de valores y acciones dentro de la Alianza.

Entretanto, en la costa atlántica sudamericana, el estatismo, el proteccionismo y los factores ideológicos restan fuerza y empantanan a otros acuerdos subregionales, en particular al Mercosur y sus acuerdos comerciales con otros hemisferios.