No es muy edificante lo que estamos viendo a 6 meses de la elección presidencial. Nada para escandalizarse, en todo caso, salvo la desafiante y pueril publicidad "Creo en Dios. ¿Y qué?", de Claudio Orrego, quien tendría que saber que ese nombre no se debe invocar en vano. ¿Considerará el candidato que la condición de creyente le otorga alguna superioridad sobre quienes no la comparten?

En materia de propuestas, se ha encendido, cómo no, el debate constitucional, que se concentra en si lo que hay que hacer es darnos una nueva Constitución o continuar con la progresiva reforma de la actual, y, en la primera de esas alternativas, si la futura carta fundamental debería emanar del Congreso Nacional o si tendría que elegirse una asamblea constituyente para tal efecto. Un extremo quiere nueva Constitución producto de una asamblea constituyente y el otro la conservación de la actual ojalá con mínimas reformas. Una posición dijéramos intermedia, aunque más cerca de la primera de las dos anteriores, aboga por una nueva Constitución a partir de los procedimientos que la actual establece para su cambio.

No nos engañemos: Chile nunca ha tenido sus papeles constitucionales en regla, ni siquiera en el caso de la Constitución de 1925, y ese hecho -no haber validado nunca a lo largo de su historia una Constitución por procedimientos democráticos- puede estar pesando hoy, quizás inconscientemente, en la demanda por una nueva carta fundamental. En consecuencia, el problema de fondo va más allá de la Constitución de 1980, ilegítima en cuanto a su origen y plagada de instituciones no democráticas que ha tomado mucho tiempo eliminar. La derecha política, que aprobó esa Constitución, estableció en ella auténticos cerrojos para su posterior reforma: quórum de dos tercios de los senadores y diputados en ejercicio para modificar los capítulos más importantes del texto constitucional, y 4/7 para dictar y modificar leyes orgánicas constitucionales. A todo lo cual se sumó un sistema binominal que asegura a la derecha, de por vida, una dotación parlamentaria suficiente para constituirse en veto permanente a las iniciativas de reforma que no sean de su agrado.

Asustada hoy por la idea de una nueva Constitución, y ni qué decir si ella emanara de una asamblea constituyente, la derecha está pagando el precio de haber creído, con una mezcla de candor y prepotencia, que en esta materia las cosas podrían continuar igual por los siglos de los siglos. Pero la pregunta es esta: si te has opuesto hasta hoy a cambiar los quórums para aprobar reformas constitucionales y leyes orgánicas, si te has parapetado tras el binominal durante un cuarto de siglo, si recién en 2005 diste tus votos para terminar con los senadores designados (cuando ya no te convenían) y para rectificar la insuficiente sumisión del poder militar al poder político, ¿esperas acaso que un comportamiento político como ese no acabe pasándote la cuenta? ¿Cómo rasgas vestiduras porque surgen hoy propuestas que te parecen extremas si durante décadas te opusiste a reformas que eran mucho más moderadas y sensatas? Si estiraste y estiraste la cuerda, ¿de qué te sorprendes si en este momento amenaza con cortarse?

No se trata ahora de desquitarse de la derecha por todo eso, sino de que ella advierta que su prolongada parálisis y pertinaz ceguera en temas constitucionales acabó jugándole en contra, poniéndola esta vez contra las cuerdas: se opuso a dar dos y ahora la demanda es por cuatro. Se opuso a necesarias reformas a la Constitución pactadas en el Congreso y ahora le exigen que se hagan por una asamblea constituyente.

Desde luego que una nueva Constitución no podrá ser por las malas, pero es una ironía que, ante la conminación de que lo fuera, los que ponen el grito en el cielo sean quienes en 1980 hicieron precisamente eso: aprobar una Constitución por las malas.