Diversos parlamentarios, e incluso candidatos presidenciales, suelen fundamentar el llamado a una nueva Constitución en un supuesto jurídico técnicamente desprolijo. Eso fue notorio, por ejemplo, al escuchar en televisión al candidato del Partido Radical Social Demócrata, senador Gómez, usar este argumento con cierta imprecisión. Por ejemplo, afirmó reiteradamente que la Constitución de 1980 impide un cambio en materia de seguridad social y AFP, por tratarse de materias de leyes orgánicas constitucionales. Según ese razonamiento, la Carta Fundamental impediría un sano flujo legislativo reformador en esta y otras materias, al punto de que -concluyó- se hace necesaria una nueva Carta.

En realidad, la Constitución no exige una ley orgánica constitucional para la regulación de la seguridad social. Las leyes que regulan estos temas, incluso la creación de una eventual AFP estatal como empresa del Estado -tema también planteado por el mismo candidato- son materia solo de ley de quórum calificado (N.os 18 y 21 del artículo 19). Entre unas y otras existe una sustancial diferencia de quórum, que de cuatro séptimos de diputados y senadores en ejercicio en el caso de la primera, se reduce a mayoría absoluta de ellos en la segunda.

Por cierto, esta aclaración no invalida el argumento más general que ciertos sectores traen al debate, que sostiene la inconveniencia e incluso ilegitimidad de estas leyes de mayorías especiales. Esta discusión, que es plausible, debe confrontarse con los beneficios que tales leyes han generado en 22 años de plena democracia. Resulta improcedente atribuir a la Constitución barreras o rigideces técnicas que en rigor no tiene. Esta estrategia suele encubrir propuestas que se acercan a la mera consigna política. En este sentido, una cosa es proponer la flexibilización de los quórums de esas leyes, y otra justificar que la Constitución deba ser integralmente reemplazada por otra. Aquí la pregunta es: ¿por qué no se conduce aquella aspiración mediante una reforma constitucional? La Constitución vigente ha sido reformada -como lo recordó un académico- más de 242 veces (medida por número de artículos) entre 1990 y 2009. Esto ha demostrado suficientemente la razonable y prudente flexibilidad que ella tiene, en armonía con los estándares del derecho comparado para una modificación de la Ley Suprema.

Hay evidencias aún más nítidas de la debilidad del argumento sobre la supuesta rigidez constitucional. Por ejemplo, parecería que algunas campañas y candidatos no supieran qué materias regulatorias esenciales para un Estado socialmente más protagónico -como, por ejemplo, la laboral, la tributaria, la salud, la que permite limitaciones al derecho de propiedad y muchas otras- son materia de ley común, de mayoría simple. Aquí el Congreso y sus mayorías gozan y han gozado de altas dosis de flexibilidad durante décadas. Los desaciertos o vacíos que hoy se acusan no pueden, pues, imputarse a inexistentes barreras de leyes de mayorías especiales.

De los postulantes a cargos públicos que abogan por una nueva Constitución, con asamblea constituyente de por medio, cabría esperar que conozcan la misma Constitución que hoy rige. Y si el desconocimiento de ella existe, como se advierte, en el nivel parlamentario, cabe imaginar cuál sería el curso -y el resultado- de una asamblea constituyente integrada por todos los concejales del país, idea que también se ha planteado a este respecto.