Los proyectos de generación eléctrica se inician cuando se presentan al Ministerio de Energía y entran en los futuros calendarios energéticos tentativos. Luego ingresan al sistema de evaluación ambiental para verificar si cumplen con la normativa correspondiente y, de ser aprobados, entran a la etapa de financiamiento, construcción y posterior puesta en marcha. Aunque este ciclo constituye un continuo en el tiempo, en este ámbito, como en muchos otros, los resultados se tienden a examinar en términos de períodos gubernamentales, pese a que el largo de su ciclo de concreción hace que los períodos gubernamentales de cuatro años sean demasiado cortos para evaluaciones en esa materia.
Visto así el escenario, durante el actual gobierno solo se han aprobado proyectos por 2.488 MW, aproximadamente un cuarto de los 10.567 MW aprobados durante el anterior. Desde el punto de vista de su construcción, a fines del mandato de Piñera se encuentran en ese proceso proyectos por 1.574 MW, comparados con los 2.967 MW que se estaban construyendo a fines del de Bachelet. Esta disparidad de cifras oculta algunas diferencias de contexto. A comienzos de la administración de Bachelet, el país enfrentaba la crisis de falta de gas proveniente de Argentina, lo que aceleró la presentación y rápida aprobación de un importante número de proyectos termoeléctricos por 8.950 MW. En cambio, a comienzos de la actual se produjo un explosivo aumento del rechazo a los proyectos de generación eléctrica, alimentado inicialmente por la decisión presidencial que llevó al retiro del proyecto Barrancones, debilitando la institucionalidad, y reforzado luego por la acción de grupos ambientalistas contrarios a la generación eléctrica y alentados por el caso Barrancones, todo ello finalmente consumado en sucesivos fallos judiciales. De hecho, tres importantes proyectos termoeléctricos han sido paralizados -Barrancones, Castilla y Punta Alcalde, estos dos últimos por razones judiciales-, y dos hidroeléctricos -Energía Austral e HidroAysén- también han sido llevados a los tribunales, sumando un total de más de 7.000 MW que no han podido contabilizarse como parte de un parque eléctrico de mediano plazo.
Más que caracterizar la acción de un gobierno determinado, la caída en los proyectos de generación aprobados y el aumento de bloqueos de proyectos nuevos están advirtiendo que la generación de energía eléctrica, determinante en el desarrollo económico y en la calidad de vida diaria de las personas, se ha transformado en un problema ineludible para los próximos gobiernos, que deberán destinar apremiantes esfuerzos para resolverlo. En particular, el próximo deberá hacerlo desde su inicio mismo. De lo contrario, el país enfrentará en la segunda mitad de esta década un cuadro de cortes de luz y apagones, que afectará su prestigio y su desarrollo económico, así como la calidad y el costo de vida de sus ciudadanos. ¿Será eso lo que falta para que los chilenos reaccionen en su propio interés, instando a un cambio cuando estén experimentando la pérdida de calidad de vida y el aumento del precio de la electricidad que eso conlleva? ¿Será ese el factor que consiga modificar la ponderación por los jueces de las objeciones de los ambientalistas a la generación eléctrica?
En todo caso, sorprende que el nuevo ministro de Economía, Félix de Vicente, no vaya a hacerse cargo de la agenda energética, que su predecesor, Pablo Longueira, había asumido a la par del ministro de Energía. Urge aquí un consenso político responsable, que evite al país tener que pagar un costo tan alto como ese y que, además, prestigiaría a toda la clase política por igual.