La segunda marcha estudiantil del año congregó a varios miles de estudiantes secundarios y universitarios. En un ambiente inicialmente festivo, los dirigentes reiteraron sus consignas de fin al lucro, gratuidad y término de la municipalización, además de denuncias de pérdidas de beneficios estudiantiles. Sin embargo, como siempre, la manifestación degeneró en los habituales desmanes perpetrados por encapuchados, la destrucción de propiedad pública y privada, detenciones y alteración del flujo vehicular en vastos sectores céntricos.

Al iniciarse las manifestaciones estudiantiles en 2006, y al reactivarse ellas en 2011, la opinión pública tendió a apoyar las demandas estudiantiles por haber puesto en la agenda nacional temas tan relevantes como el alto costo del financiamiento de la educación superior. Desde entonces, dichos temas han sido y son materia de discusión legislativa en el marco del perfeccionamiento del sistema, con miras a mejorar su calidad, fiscalización e institucionalidad. Sin embargo, la postura de la dirigencia estudiantil ha sido de total rechazo a todas las iniciativas de la autoridad y la exigencia de retirar los proyectos en discusión parlamentaria, pues a su juicio es necesario impulsar hondos cambios estructurales no contemplados en estas reformas.

Tras la salida de dos ministros y la discutida acusación constitucional contra el ministro Beyer, el gran desafío para la nueva ministra Schmidt es buscar espacios institucionales de negociación para avanzar en temas cruciales, como los mecanismos de acreditación, financiamiento y la implementación de la Superintendencia de Educación Superior. Pero eso requiere el concurso de los parlamentarios, lo que se dificulta en un año electoral, pues incurrir en un eventual disfavor estudiantil parece atemorizar a muchos de ellos.

La notoriedad que han logrado los dirigentes estudiantiles como actores sociales debiera ser oportunidad para ir más allá de los continuos paros y marchas por el impacto negativo que eso tiene en el desarrollo académico y en la normalidad y seguridad de la vida cotidiana de la población. La importancia y la necesidad urgente de mejorar el sistema de educación superior demanda buscar consensos dentro de las vías institucionales que el país se ha dado, pues se corre el riesgo de que, de no avanzar en ciertas reformas, las debilidades del sistema perduren y se agraven.