Nuevamente se ha dilatado la tramitación del proyecto de ley sobre elección de los consejeros regionales. En octubre de 2009, una reforma constitucional tramitada durante seis años y aprobada por amplísima mayoría dispuso la elección directa de ellos, actualmente elegidos en forma indirecta por los concejales de los municipios de la región respectiva. Se buscó fortalecer la democracia, la participación ciudadana y la regionalización. Quedó pendiente el sistema electoral aplicable para estos cargos. El proyecto considera elegir a los consejeros mediante una fórmula proporcional, similar a la vigente para los concejales.

La idea original fue que dicha elección se realizara en conjunto con la de alcaldes y concejales en octubre de 2012. Como eso no fue posible, todos los sectores políticos convinieron en prorrogar el mandato de los consejeros regionales hasta marzo de 2014, con el compromiso de que su primera elección popular se realizaría el 17 de noviembre de 2013, en conjunto con la presidencial y parlamentaria. Una norma transitoria dispuso que la ley correspondiente debiera estar publicada a más tardar el 20 de julio del presente año.

De no materializarse dicha elección en los plazos previstos, quedará incumplido el mandato constitucional -como también ocurrió con las asambleas provinciales en la Constitución de 1925-, se afectará gravemente la gestión de los gobiernos regionales, y surgiría un vacío legal que impedirá el financiamiento y la ejecución de los planes regionales. Corresponde a los consejeros regionales, entre otras atribuciones, acordar la disposición de los recursos asignados por el Fondo de Desarrollo Regional; decidir la estrategia y proyectos de desarrollo de la respectiva región, y aprobar los instrumentos de planificación territorial y los planes reguladores comunales.

Nada de lo anterior parece preocupar a los senadores (incluido un ex Presidente de la República) que solicitaron una segunda discusión del proyecto aprobado por la Cámara y que incide en los gobiernos de las regiones que representan, algunas de las cuales ya han realizado explosivas manifestaciones en contra del ahogante centralismo. Al parecer, nuevamente podría quedar postergada otra ley conveniente para el necesario robustecimiento de la descentralización administrativa y de la institucionalidad regional.

Cabría invocar razones de prudencia para no agregar ahora una elección más al cuadro incierto que ha derivado de un paso desprolijo al sistema de inscripción automática y voto voluntario, pero esta demora añade urgencia y riesgo adicional a la debatida preparación por el Servicio Electoral de la correcta celebración de las elecciones de consejeros, si las hay. Y, más allá de eso, a estas alturas es evidente el desinterés de los parlamentarios en estas elecciones directas, de las que podrían emerger figuras que les signifiquen competencia política en sus respectivas regiones. Esto desalienta las legítimas y postergadas aspiraciones de mayor participación regional y revela desconfianza en la descentralización.