Mejor nivel y mejores prácticas

El aumento del padrón electoral -que es el universo de personas al que deben llegar los candidatos al Congreso y a la Presidencia con sus respectivas propuestas y mensajes- trajo consigo un considerable incremento del monto que legalmente pueden gastar esas candidaturas en su campaña. Eso es lógico, ya que la inscripción automática elevó de casi 8 a más de 13 millones el potencial de electores a entusiasmar para que concurran a votar apoyando sus respectivas opciones, y el monto autorizado legalmente para gastar en esa tarea se fija en función del número de posibles votantes.

No obstante, en el actual ambiente de escepticismo y desvalorización de la política, y en especial de los partidos, incluso un hecho mecánico como ese aumento de autorización de gasto -pese a que no envuelve financiamiento público directo- se presta para críticas y suspicacias. En efecto, el reembolso de gastos que hará posteriormente el Estado a los candidatos será en razón del número de votos efectivamente obtenidos por cada aspirante. De ahí que una disminución abrupta de los votantes, como sucedió en la última elección municipal, haya golpeado las arcas de los partidos políticos, pues disminuyó el reembolso de gastos.

No cabe perder de vista los bienes públicos asociados a la existencia de partidos políticos sólidos. La experiencia comparada en el continente muestra los costos que asumen las democracias cuando ellos se derrumban o debilitan. Lejos de menospreciar su labor, Chile debe buscar manera de mejorar su nivel y su regulación, y establecer incentivos y contrapesos adecuados, sin descartar un apoyo de financiamiento público que favorezca las mejores prácticas en su funcionamiento.

Propias responsabilidades

A ese clima de descrédito han contribuido diversos factores, partiendo por el propio comportamiento de muchos protagonistas del quehacer político. El espectáculo de las fallidas primarias parlamentarias fue solo el más reciente de esos episodios, al igual que la inclusión por la Alianza en la mesa de la Cámara de un diputado con una fuerte multa fiscal impaga. Pero, además, los movimientos sociales y su entorno intelectual sostienen un deliberado discurso demoledor de los actores públicos. Cualquier gremio sindical poderoso, académico polemista o agrupación estudiantil con visibilidad pública desacredita con soltura a los personeros del Ejecutivo o del Legislativo. Esa posibilidad es intrínseca de la vida en democracia y de la libertad de expresión, pero la vulnerabilidad y debilidad que se observan en muchos parlamentarios frente a esa crítica de apariencia "ciudadana", lejos de ayudar a contener ese fenómeno, contribuyen a retroalimentarlo.

Por otra parte, algunos congresistas no parecen advertir el daño que causan al prestigio de su propia labor con algunas de sus conductas. La polémica destitución del ministro Beyer, en contra de la opinión transversal de los principales expertos, ex ministros y sectores vinculados a la educación, pero demandada por los dirigentes estudiantiles, fue una señal gravemente preocupante en ese sentido.

Y otro tanto ha ocurrido con el bloqueo opositor a la designación del magistrado Juan Manuel Muñoz para la Corte Suprema, fundamentalmente en razón de sus fallos en la causa judicial que investiga la muerte del ex Presidente Frei Montalva. Esa lesión a la libertad e independencia del Poder Judicial ha suscitado amplio rechazo en la comunidad jurídica, incluyendo prácticamente a todo el arco de sensibilidades que, con profesionales de reconocido y sólido prestigio, compiten a dirigir el colegio de esa orden.

Un auténtico liderazgo político encauza el pulso ciudadano y procura persuadir a los votantes de los beneficios de sus planteamientos. No se entrega al ánimo cambiante de la calle ni a consignas vacuas, ni se atemoriza e inhibe ante el vocerío de los extremos, ni mucho menos se suma a vetos personales que favorecen la crispación de nuestra vida pública.

Posibilidades y límites de la empatía

Algo de eso podría estar incidiendo en el muy inicial debilitamiento que parece haber experimentado la candidatura de Michelle Bachelet, cuyas definiciones gruesas -orientadas a acoger el reclamo de la calle, pero sin mayores precisiones- comienzan a despertar reservas, tanto de quienes deberían sentirse acogidos, pero que expresan dudas sobre la profundidad de sus convicciones, como de quienes observan su conducta y se interrogan acerca de los límites que está dispuesta a poner la precandidata en la eventual conducción de un futuro gobierno.

Las críticas cada vez más abiertas de parlamentarios concertacionistas hacia las dificultades que presenta la coordinación con el comando de Bachelet dan cuenta de la ausencia de esa clase de liderazgo. La distancia que marca la candidata con los partidos, haciéndose eco de su escasa valoración ciudadana, no contribuye a la revalorización de la política. Y el escaso ascendiente sobre ellos tampoco favorece su imagen ni sus atributos de autoridad.

En las últimas encuestas publicadas, Bachelet, sin perder su considerable actual ventaja, ha visto disminuir su apoyo, y eso mueve a reflexionar sobre el curso de su campaña.