Este diario ha dado cuenta de los resultados del grupo de estudios Res Publica, formado por expertos en las más diversas áreas, cientistas sociales y economistas -con auspicio privado que habla bien de la responsabilidad para con el país de la familia empresarial que lo encomendó-, que trabajó durante más de un año en examinar las principales políticas públicas nacionales, con el objeto de contribuir a su desarrollo. Los campos tratados abarcan desde energía a políticas de competencia, desde educación a vivienda social, y desde el régimen político a descentralización. En suma, se plantean 15 medidas en estos ámbitos y, según los coordinadores del grupo, si se implementara solo la mitad de ellas, ciertamente mejoraría la situación del país.
En cuanto a las propuestas, resalta el hecho de que no fuera posible lograr acuerdo en una materia tan crucial como el sistema impositivo, acaso porque es un tema asociado a los programas de los candidatos presidenciales. Mientras una propuesta considera esencial incentivar el ahorro y propone transitar hacia un sistema en que se grave el gasto, la otra se centra en evitar la elusión de impuestos, haciendo que los propietarios de las empresas los paguen sobre la base de utilidades generadas, lo cual aumentaría los ingresos tributarios, que se usarían con fines redistributivos. Esta división, aunque entendible, pone de manifiesto la dificultad de concordar propuestas racionales en materia impositiva.
Las propuestas presentadas podrían dividirse en convencionales e innovadoras. Esto no significa que las primeras sean irrelevantes o inútiles, sino que, en formas similares, se han planteado en el pasado. Entre ellas se cuentan las relativas al sector eléctrico y al Sistema de Empresas Públicas, al sistema laboral, educación, regionalización y subsidios al trabajo. Son todas valiosas y, pese a que no representan un cambio radical respecto de otras anteriores en estas áreas, incorporan contenidos específicos que les agregan valor.
Las innovadoras suscitan lógico interés, pero están menos elaboradas que las de otras áreas, que expertos en políticas públicas han pensado y afinado por años y cuya aprobación incluso han intentado en ciertos casos, hasta ahora sin éxito. Entre ellas se cuentan la que encaminaría el régimen político chileno hacia uno parlamentario -de tan discutible beneficio-, la que promueve la legalización de las drogas -que poco depende de un país en particular-, cambiar el Código Penal o reemplazar las isapres por un Fonasa reformulado. Son ideas a diversos respectos interesantes, pero que claramente requieren una más larga discusión para decidir sobre su conveniencia y la forma en que, eventualmente, deberían implementarse.
El informe de Res Publica enfrenta, lamentablemente, otro problema que quizá no ha sido aún bien ponderado. En nuestro país, los especialistas en políticas públicas suelen ser hoy calificados peyorativamente como "tecnócratas" por no pocos dirigentes sociales, y se prefieren los eslóganes a la reflexión y las ideas. Por eso, en estos días la influencia de dicho informe será quizá distinta de la que podría haber tenido en el pasado, lo cual, obviamente, nada dice de su mérito o demérito.
Así, por ahora, el excelente trabajo realizado por el equipo de Res Publica podría resultar menos influyente que cuanto merece, no por la calidad intrínseca de sus propuestas, sino por un actual estado de ánimo de una parte de la sociedad que parece más dispuesta a escuchar a voces populistas que a evaluar ideas cuidadosamente estudiadas. Esto, que en lo inmediato puede dañar nuestro desarrollo y, asimismo, las oportunidades de progreso de los chilenos, bien puede volver a cambiar dentro de un tiempo, y los méritos de este informe podrán ser entonces debidamente justipreciados.