Como "un antes y un después en el modo de ejecutar los atentados" calificó el jefe de zona de Carabineros de La Araucanía al nuevo violento ataque en que un grupo no identificado de extremistas -que dejaron panfletos alusivos a causas mapuches- retiró impunemente los pernos de los rieles de la vía férrea, provocando el descarrilamiento de uno de los trenes de la empresa Fepasa en las cercanías de Collipulli. Dos maquinistas que trataron de revisar los daños fueron atacados por los delincuentes, que dispararon contra ellos e intentaron quemar la carga del tren.
La frase empleada por el jefe policial se repite con leves variantes cada vez que la violencia escala un grado más en esa zona. Ya la formuló, por ejemplo, el ministro secretario general de la Presidencia en enero pasado, tras el asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay, en relación con el cual aún no se ha logrado detener sino a uno de sus autores -herido por una de las víctimas-, quien dificultosamente ha sido formalizado y acusado. El ministro del Interior consideró este ataque al ferrocarril como una "acción extremista de la mayor gravedad" -asimismo una frase reiterada- y confirmó que el Gobierno presentará una querella invocando la Ley Antiterrorista contra quienes resulten responsables del descarrilamiento. El gobernador de Malleco, Erich Baumann, calificó el ataque como "un atentado muy grave" y llamó a comprender que detrás de la ofensiva hay "un hecho delictual con planificación, con premeditación para poder hacer daño". Y el senador Espina (RN) sostuvo que los responsables eran "grupos pequeños, pero muy bien organizados, que actúan con una maldad y crueldad infinita".
Más allá de las palabras condenatorias que son de esperar, atentados similares siguen produciéndose en La Araucanía. Evidentemente, el aparato estatal en su conjunto no está funcionando de modo aceptable, pese a que cuenta con las herramientas jurídicas para actuar con la máxima energía. La Araucanía es hoy una vasta y creciente zona no amparada por el Estado de Derecho en la que parte importante de su población vive atemorizada, y se hace cada vez más difícil desarrollar actividades productivas. Nuestro país no puede seguir aceptando pasivamente que personas sean quemadas vivas y se descarrilen trenes. ¿Quién se hace responsable? ¿Por qué esas pocas y pequeñas bandas extremistas a que se alude siempre no pueden ser desarticuladas? ¿Qué sucede con las policías, los fiscales, los jueces? ¿Qué hace la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Qué tiene que ocurrir para que por fin se haga sentir todo el peso de la ley contra facciones obviamente terroristas? Estas preguntas demandan respuestas, y no declaraciones vacías. Emplear sin vacilaciones toda la fuerza legal contra la violencia extremista es lo propio de democracias sólidas, capaces de defenderse a sí mismas.