Para desacreditar la gestión del Gobierno, la oposición ha lanzado una campaña irresponsable. A partir de la detección de ciertos errores o desprolijidades en cifras oficiales, el vocero del comando bacheletista y otros dirigentes no han trepidado en atribuirlos a la intención del INE de pintar un falso clima de éxito. Por su parte, el Gobierno no ha sabido situar el caso en sus reales dimensiones.
La inexactitud del IPC no es nueva ni exclusiva de Chile. La metodología cuestionada fue introducida en enero de 2009, con importantes cambios en su ítem "vestuario y calzado". El INE, además, discontinuó la práctica, mantenida desde 1983, de publicar el detalle de los precios y ponderaciones de todos los artículos del IPC. Nadie denunció afán político, siendo ese año electoral. Pero ya en febrero del mismo, un informe técnico de la corredora Larraín Vial criticaba estos cambios y advertía que podían afectar la confiabilidad del IPC. Recién en 2011, bajo la presente administración, el INE introdujo una rectificación, aunque al parecer insuficiente.
Porque el IPC no emplea ajustes por sustitución de productos y cambios de calidad, la inflación podría estar sobreestimada. Pero los defectos de medición en el caso del vestuario y otros tendrían el efecto contrario. Se ha conjeturado que, en lugar del 1,5% oficial, bien medida, la inflación sería hoy de 3%, que es la meta del Banco Central. Nadie puede seriamente sostener que esa divergencia -como han insinuado algunos economistas y observadores externos- podría alterar la buena apreciación que despierta la marcha de la economía nacional. Desde luego, tampoco variarían en absoluto los saludables indicadores de crecimiento real del PIB y de desempleo.
Lo del censo parece escrito por Kafka. La Comisión Censal -dirigida por el ministro de Economía de entonces- optó por innovar, abandonando esa suerte de liturgia cívica de contarnos todos en un solo día. Todo censo adolece de fallas de cobertura y utiliza estimaciones cuestionables. Esta vez, el afán de hacer aparecer el nuevo método como más representativo de lo que fue, habría hecho disimular algunos de esos ajustes. Si hay errores, deben ser enmendados, pero no hay razón alguna para presumir adulteración dolosa de datos censales o manipulación política. Como señala una funcionaria denunciante, "esto es matemática. ¿Qué podría tener que ver sumar personas con un problema político?"
Caben, desde luego, legítimas diferencias sobre la marcha de la economía y la calidad de las estadísticas, pero los economistas y políticos deben plantearlas con seriedad. Lo que hemos visto a propósito de las cifras del INE degrada el debate público.