C. Carvajal y M.J.Soler Dos episodios son los que relata en su querella el cientista político Sebastián Dávalos Bachelet -hijo de la candidata presidencial del PS y el PPD, Michelle Bachelet- para fundar el delito de injurias graves que le imputa al periodista y director de Radio Bío-Bío, Tomás Mosciatti.
La acción fue presentada el viernes pasado en el Octavo Juzgado de Garantía, e indica que durante un comentario vertido en el programa de TV "Bío-Bío Comentarios" el 8 de enero de 2013, Mosciatti "sugiere y da a entender" que Dávalos podría haber cometido delitos funcionarios mientras trabajó en la Direcon de la Cancillería y que además habría existido "tráfico de influencias" y "favores personales" para otorgar los permisos de funcionamiento de la planta de Agrosuper en Freirina.
En su comentario del 8 de enero, Mosciatti relató que mientras Dávalos trabajaba en la unidad Asia de la Cancillería y negociaba un tratado con Japón, formó una sociedad con su actual esposa para asesorar a inversionistas chinos para realizar negocios en el país. "Puede ser legal, pero me parece muy poco razonable que trabajando en la Cancillería (...) teniendo muchísima información, y siendo un funcionario público, realice asesorías a empresas chinas y chilenas", comentó el periodista.
Respecto de esto, Dávalos sostiene en la querella que Mosciatti sugiere "que yo habría incurrido en un grave conflicto de interés (...) y habría aprovechado además la información con que contaba gracias al cargo público que desempeñaba, aseveración que, de ser cierta, implicaría que yo eventualmente pudiera haber cometido un delito funcionario".
El segundo episodio se refiere al comentario de Mosciatti sobre que a través de una sociedad Sebastián Dávalos asesora al dueño de Agrosuper, Gonzalo Vial, y que la planta de Freirina tuvo facilidades para instalarse en 2005 y 2006. Luego, el periodista señaló que Dávalos "se casó en el haras del dueño de Agrosuper, que se la cedió gentilmente".
En la querella, Dávalos explica que Mosciatti sugirió que "durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet habría existido una especie de tráfico de influencias (...) y que habría posibilitado la obtención aparentemente indebida por parte de Agrosuper, de las autorizaciones y permisos (...) y que me encontraría actualmente profitando de los resultados de dichas ilegalidades".
La jueza Ema Tapia requirió al abogado de Dávalos, Enzo Coppa, aclarar la participación de Mosciatti en los hechos y especificar la pena que se solicita por el delito de injurias graves, antes de admitir la querella. Consultado Mosciatti sobre la querella, prefirió no opinar hasta que ésta no sea admitida.