Llevar adelante reformas requiere no solo consensos y buenas ideas, sino también tiempo y persistencia, porque suponen cambios de mentalidad y comportamientos, frente a los que surgen resistencias. De allí que aquellas en el ámbito público demanden algo no siempre fácil: impulso y apoyo decidido de dos o más gobiernos sucesivos, hasta que el cambio queda verdaderamente asentado. Es lo que ha estado ocurriendo con la transparencia, fundamental para el buen funcionamiento del aparato público en una democracia, y que tiene externalidades positivas hacia otros ámbitos. Como reforma, se abordó en el gobierno pasado, tras la serie de irregularidades que se fueron haciendo cada vez más evidentes en la administración del Presidente Lagos. Así se dictó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se creó el Consejo para la Transparencia, que ha sido decisivo para mantener este tema en la atención pública e ir consolidando una cultura más extendida al respecto.
Con todo, los avances que hoy se observan no habrían sido posibles sin el concurso de la voluntad del actual gobierno, que pese a verse afectado por algunas de las decisiones del Consejo, ha sido enfático en promover la transparencia activa y pasiva en los distintos órganos de la administración pública, destinando incluso recursos especiales para el mejor cumplimiento de la labor del Consejo. Es el caso del recién inaugurado Portal para la Transparencia del Estado, en el que se invirtieron más de 500 millones de pesos, permitiendo a los ciudadanos tener acceso directo y actualizado a la información pública en un solo sitio, a través del cual podrán también canalizar todas las solicitudes de información a los organismos de la administración del Estado.
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien ha impulsado esta y otras iniciativas en la misma dirección, ha destacado que hoy el 98% de las instituciones públicas cumple con los estándares de transparencia activa, y que desde 2009 Chile ha avanzando ya en las mediciones internacionales desde el 25° al 20° lugar en esta materia. También ha subrayado la importancia de seguir avanzado hacia la aprobación de proyectos fundamentales, entre ellos el de Probidad en la Función Pública, el que modifica la Ley de Acceso a la Información y el que regula el lobby . Son directrices y regulaciones fortalecedoras del sistema democrático, cuya implementación de seguro demandará el compromiso enérgico del próximo gobierno, cualquiera él sea, asegurando así que los avances logrados se consoliden e impidiendo una vuelta atrás en este ámbito, que en el pasado se ha probado tan crítico.