Aunque parecieran disruptivos y novedosos, hay un sabor algo añejo en los provocadores planteamientos de uno de los integrantes del equipo que presentó Michelle Bachelet para estudiar una nueva Constitución.

"El problema constitucional tendrá que resolverse por las buenas o por las malas". "Cualquier reforma constitucional que sea aprobada a través de las reglas institucionalmente vigentes hoy día", establecidas en su capítulo XV, "va a reproducir el problema", porque cualquier resultado de ese proceso "será un resultado viciado por la trampa", son algunas de las expresiones que motivaron encontradas reacciones entre constitucionalistas y la opinión pública.

A grandes rasgos, la "trampa" a que alude el asesor de la precandidata estaría configurada por los altos quórums que establece ese texto para modificar diversas materias -como las bases del régimen educacional- consagradas en leyes orgánicas constitucionales, lo que a su vez no podría alterarse por los altos quórums que requiere el procedimiento de reforma de la Constitución, cuyas mayorías no podrían alcanzarse por efecto del sistema electoral binominal.

Se agrega que este cuadro difiere de lo sucedido con la Constitución de 1925, que, pese a tener -afirma- un origen ilegítimo, se recuerda como un texto democrático por la práctica política que permitió. Y, en fin, sería "ingenuo" plantear -como lo hace el senador Camilo Escalona (PS)- que los cambios políticos que busca ese sector puedan realizarse por la vía institucional.

El espejismo del atajo

A los jóvenes dirigentes estudiantiles, estos razonamientos les pueden parecer novedosos, pero distan de serlo. Esa misma lógica y voluntarismo arrastró a la izquierda chilena a un callejón sin salida que terminó con el desmoronamiento de nuestra democracia hace casi 40 años. Esos mismos calificativos de ingenuidad se aplicaron muchas veces -y también desde su propio sector- al candidato Salvador Allende, y ese fundamentalismo fue luego decisivo en el fracaso de la Unidad Popular.

Los exponentes de ese pensamiento hablan hoy de una "constitución tramposa", que no podría exigir mayor "lealtad constitucional". Entonces se calificaba a la democracia chilena de "burguesa" y meramente "formal". Hoy se arguye la amenaza "del desborde social", con el mismo designio fatalista -o interesado- con que en esos años se enarboló la "inevitabilidad de la revolución".

Cambian las palabras, pero no la actitud de quienes buscan justificaciones -ayer y hoy- para emprender peligrosísimos caminos "extrainstitucionales", porque, según ellos, los profundos cambios que requeriría el país no pueden hacerse con las reglas vigentes.

Insatisfacción contitucional

Contrariamente a lo que se recuerda ahora, la insatisfacción con el marco institucional ha sido una constante de la izquierda chilena. El mismo programa de la Unidad Popular de 1969 también hablaba de "Una nueva Constitución" y se detallaban los profundos cambios a la Constitución de 1925, para establecer un sistema que "permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial como el parlamentarismo corrompido".

Pero la izquierda de entonces ya no es la misma. La derecha tampoco. Demasiadas cosas han pasado en el país y el mundo desde que se escribieron esas palabras: el enfrentamiento y derrumbe de la democracia chilena; los 17 años de gobierno militar; la exitosa transición política y tres décadas de sostenido desarrollo; la alternancia en el poder de las coaliciones gobernantes, han modificado profundamente a la sociedad chilena y su actividad política. Y, desde luego, su contexto mundial -la Guerra Fría y los "socialismos reales"- quedó largamente atrás. Por eso resultan tan disonantes las expresiones comentadas, que, a 40 años de distancia, recuerdan el fanatismo que enfrentó a una generación.

La Constitución de 1980 es el texto constitucional chileno que más modificaciones ha tenido bajo distintos gobiernos. Ellas han recaído, entre muchos otros, sobre factores de la distribución del poder -como la desaparición de los senadores designados o la elección directa de los alcaldes o la eliminación de la inamovilidad de los comandantes en jefe-; en áreas de la justicia, como la profunda reforma del Tribunal Constitucional, y en derechos tan sustanciales como la derogación del voto obligatorio o la eliminación de la censura previa en cine.

Que las candidaturas presidenciales postulen modificaciones a la Constitución no debe ser motivo de preocupación. El debate y formación de una conciencia mayoritaria ha precedido a sus enmiendas más relevantes. Hoy se postula desde la reelección presidencial hasta el cambio de las bases del régimen educacional, y hay propuestas para reemplazar el sistema binominal, con implicancias al texto constitucional. Se puede discrepar de los beneficios de una u otra propuesta, pero -a diferencia de muchos países vecinos- no existe generalizada suspicacia de que un sector político busca el control total del poder público, con el ánimo de destruir a sus competidores. Este es un vital activo del país, que muchos de quienes exhiben una trayectoria pública, como el senador Camilo Escalona, valoran en todo cuanto implica, precisamente por no ser ingenuos.