El panorama político que comienza a delinearse en Chile resulta inquietante. Los planteamientos de grupos sociales organizados, partidos políticos y candidaturas presidenciales de oposición -en particular de aquellas más contrarias al camino que nuestro país ha seguido en los últimos 25 años- y múltiples voces que incluyen a personeros de la Concertación que también critican ese camino abren aventurados interrogantes respecto del futuro que se avecina.

Partiendo de una mirada crítica de la situación chilena, muchos dirigentes políticos han empezado a recurrir al fácil expediente de las posturas refundacionales, que incluyen una nueva Constitución, la demonización del lucro -insinuando que no se refieren solo al ámbito de la educación, sino que también presentándolo como una lacra que daña la convivencia social en su conjunto- y el cuestionamiento de la actuación de los agentes privados en gran parte de las actividades económicas nacionales.

Esa vía no busca correcciones institucionales ni mejoramientos normativos para resolver los problemas, sino que apela a un discurso que va minando las bases de la legitimidad de las actividades diarias con que se desenvuelve el país. Tampoco presenta soluciones alternativas explícitas, más allá de frases hechas o lugares comunes. Así, va macerando la confianza y aumentando la incertidumbre de crecientes grupos de personas.

Parecería que esto aún no despierta en el grueso de la ciudadanía la alarma que un panorama semejante debería provocar. Como Chile ha seguido una trayectoria exitosa en las últimas décadas -al votante común le ha ido bien en todas las elecciones, con candidatos ganadores de distintas tendencias-, la ciudadanía no ha sido expuesta al riesgo que crea un lenguaje deslegitimante como el referido, y no está en condiciones de anticipar las consecuencias de seguir un curso que desmantela los consensos y se adentra despreocupadamente por sendas cuyos voceros son a veces líderes estudiantiles -cuya pasmosa confianza en sus propios conocimientos no es coherente con la estafa educacional que aducen haber sufrido-, a veces líderes sindicales, a veces dirigentes políticos notoriamente deseosos de agradar a los primeros.

Esto debería mover a aquellos ciudadanos y círculos que perciban esos riesgos, así como a los políticos más responsables de ambas coaliciones a demandar y promover la prudencia y la sensatez que el país necesita. De otro modo, bien podría tener que lamentarse el haber dilapidado, sin necesidad alguna de hacerlo, una oportunidad única de alcanzar el desarrollo.