Primero fue el cuestionamiento a la metodología introducida en 2009 para la medición del IPC. Luego, la denuncia por parte de una alta funcionaria de la entidad, relativa a serias fallas técnicas en la interpretación y difusión de los resultados del Censo. Acosado por las críticas, Francisco Javier Labbé -ex decano de la Universidad Andrés Bello y reputado economista- ha debido renunciar a la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas.

Desde luego, preservar la confianza en la calidad y seriedad de nuestras estadísticas es fundamental. Esto exige máxima prolijidad en la definición y aplicación de las metodologías empleadas, así como en la comunicación de sus resultados.

Desgraciadamente, el INE ha sido renuente a difundir sus procedimientos, ha tendido a adoptar decisiones técnicas a puertas cerradas y se ha resistido a facilitar al público las bases de datos, debidamente encriptadas (por el secreto estadístico). Bajo la dirección del director saliente no hubo mayor progreso en ello, y en parte eso explica las suspicacias que han despertado las denuncias de determinados errores cometidos por dicho instituto.

Varios de los conocidos economistas de centroizquierda que han criticado las cifras del INE no han trepidado en acusarlo de "manipulación" de las estadísticas. Se trata de un cargo grave, que evoca el escandaloso manejo de las estadísticas oficiales argentinas, de lo cual, en nuestro caso, no hay evidencia alguna. Reza el diccionario que "manipular" es intervenir "con medios hábiles y a veces arteros" para servir intereses propios o ajenos. La sospecha es de manipulación con fines políticos. Pero la metodología del IPC fue adoptada por el gobierno anterior y, una vez detectada cierta subestimación en el rubro de vestuario, fue ya objeto de una enmienda -al parecer insuficiente- a fines de 2010. La medición del IPC es siempre objetable y perfeccionable. El censo, la importante innovación en el levantamiento de la encuesta -en vez de hacerse en un día, se tomó durante tres meses-, parece haber resultado en una omisión de la población censada superior a lo normal. Dicha falla no habría sido debidamente tomada en cuenta en la comunicación oficial de sus resultados. Pero, nuevamente, no se divisa por dónde tal error pudiese tener finalidad política. Interrogada al respecto, la funcionaria denunciante lo niega y, sensatamente, se pregunta: "¿Qué podría tener que ver sumar personas con un problema político?"

Desde luego, este lamentable episodio se presta para poner en cuestión nuestras estadísticas. Pero nada sugiere que las cifras de IPC o de población presenten márgenes anormales de error. En el caso del censo, si bien los 16,8 millones de habitantes reportados serían una estimación correcta, es la caracterización cuantitativa de la población la que adolecería de defectos, los que por cierto es necesario enmendar. Aunque no hay razones para dudar de la seriedad de las estadísticas oficiales chilenas, la nueva autoridad del INE deberá esmerarse en restaurar su imagen.