Hace ya tiempo que circula entre los expertos la sospecha de que la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) adolece de problemas. Un reciente estudio de un banco de la plaza ha apuntado a que la inflación de ciertos rubros -vestuario y electrónica- estaría subestimada. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no lo ha desmentido y se ha limitado a afirmar que cualquier enmienda que corresponda se introduzca a partir del próximo año, cuando entre en vigencia una nueva canasta, basada en la encuesta de presupuestos familiares que está siendo levantada este año. Algunos -como el profesor de la U. de Chile Eduardo Engel- han deslizado que podría tratarse de un intento de manipulación del IPC por parte del INE, con fines electorales.
El tema es delicado. La inflación es el indicador clave que orienta la política monetaria. Si ella estuviera significativamente subestimada, podría conducir al Banco Central a tolerar una expansión excesiva de la cantidad de dinero, con el consiguiente peligro de un desequilibrio económico mayor.
Además, en Chile el IPC es ampliamente utilizado para el reajuste de valores -como la UF-, tarifas y salarios. Una subestimación del IPC traería consigo transferencias de riqueza entre deudores y acreedores, y su corrección precipitada afectaría el prestigio de los mecanismos de reajuste. Es entendible que el INE analice con calma los problemas denunciados y los enmiende solo si son cuantitativamente relevantes, pero él y el Banco Central no pueden sino tomar cartas en este asunto.
En verdad, la metodología del IPC es siempre cuestionable, y es habitual -e incluso positivo- que los analistas hagan ver sus reparos. En los países más avanzados, las dificultades para tomar en cuenta en la medición de la inflación los efectos de los cambios de calidad o el valor imputado a los arriendos han sido objeto de intensa controversia, sin que ello adquiera las connotaciones de escándalo político o de grave negligencia funcionaria. En Estados Unidos, por ejemplo, la metodología del IPC ha sido fuertemente alterada tras las recomendaciones de la llamada Comisión Boskin de corregir los precios por los cambios de calidad, para no sobrestimar la inflación.
En nuestro caso, el IPC no reconoce que muchos de los nuevos productos llegan con grandes mejoramientos de calidad, de modo que bien podría la medición oficial de la inflación estar sobrestimada, en vez de subestimada, como sugieren las críticas recientemente difundidas. Sin embargo, estas se refieren a ciertos cambios introducidos en 2009 -bajo la administración anterior y por recomendación de expertos de la OCDE- para el caso específico de la aparición en el mercado de nuevas prendas de vestir y artefactos eléctricos, los cuales aparentemente estarían confundiendo lo que son variaciones estacionales de precios con lo que es atribuible a mejorías de calidad. Desgraciadamente, junto con ello, el INE interrumpió la difusión pormenorizada de los precios considerados en su cálculo, lo cual impide a los observadores independientes formarse un juicio sobre cuán representativa es la información que emplea.
El debate sobre el termómetro de la inflación ocurre cuando se tramita en el Congreso un proyecto de ley para otorgar al INE mayor autonomía. Es inevitable que las dudas sobre la elaboración del IPC repercutan en su discusión parlamentaria. Este episodio revela que, más allá de la independencia que quiera conferírsele a la autoridad estadística, para resguardar su alta calidad y plena confiabilidad, lo más importante es asegurar que sea absolutamente transparente en cuanto a metodologías empleadas y bases de datos agregados. En ello, el INE hoy está fallando. Las dudas sobre el IPC justifican que dicho organismo convoque a un grupo transversal y altamente calificado a estudiar el tema y ofrecer recomendaciones.