Negligente ha sido la comunidad hemisférica en la crisis venezolana. No se ha hecho un seguimiento real de todo su proceso electoral. Es desalentador para la defensa de la democracia que los países de la región se hayan apurado en reconocer y felicitar a Nicolás Maduro apenas el Consejo Electoral lo proclamó Presidente, sin pronunciarse en ese momento sobre la necesidad del recuento de votos pedido por la oposición.
La OEA y su secretario general han sido de escasa ayuda a la democracia venezolana. Las cláusulas democráticas pierden sentido si en una situación de claro peligro para el sistema -como inocultablemente lo es la de Venezuela desde antes de las elecciones- no se pueden aplicar. La OEA no puede intervenir políticamente sin un mandato explícito del resto de los estados, a menos que el secretario general convenza a los gobiernos de la región de la necesidad de "acompañar" de manera más activa el proceso electoral, o convocar a una reunión de cancilleres para analizar objetivamente el caso. Por el contrario, se le ha dado un constante beneplácito a acciones de Maduro -y antes de Chávez-, que a todas luces han vulnerado la democracia pluralista en Venezuela, por vías tan evidentes como la campaña contra los medios de comunicación o el constante asedio a los opositores.
La declaración de Unasur
A falta del liderazgo de la OEA, ha sido Unasur la organización que tomó en sus manos el pronunciamiento sobre las elecciones en Venezuela. En la reunión en esa instancia de los presidentes sudamericanos realizada en Lima este viernes, Maduro esperaba que los presidentes, sin más, reconocieran a priori su victoria, antes de que los votos fueran realmente contados uno por uno por el ente electoral. El Presidente Piñera fue enérgico en plantear que si Capriles y Maduro habían expresado acuerdo en auditar el 100% de los votos, no había razón para que ese organismo resolviera algo distinto, y tanto menos en cuanto el Consejo Electoral -mientras los mandatarios estaban reunidos- accedió a hacerlo. En la declaración final, que apoyó el recuento, esa postura prevaleció sobre la de la Presidenta Cristina Fernández, que postulaba simplemente "tomar nota" de lo ocurrido.
Cabe esperar que ese texto, que insta a todas las partes a respetar los resultados oficiales, llama a deponer las actitudes que puedan llevar a hechos violentos e invoca al diálogo entre los sectores, sea un aporte a la vigencia de la libertad política y económica, a la sobrevivencia de los valores democráticos y al respeto de los derechos humanos en el país que Maduro se apresta a gobernar.
Antes de partir a Lima, Maduro lanzó una desaforada diatriba que mostraba nula voluntad de negociación política. "En Venezuela no tenemos una oposición... Lo que existe es una conspiración permanente, aupada desde los Estados Unidos". El constante estado de alerta ante un eventual golpe contra su gobierno es signo de que el ex canciller no se siente seguro de la lealtad de las fuerzas armadas. Se sabe que Diosdado Cabello, él mismo un oficial en retiro y actual presidente del Legislativo, es quien tiene los vínculos más estrechos con los militares. Si hubiera una disputa entre ambos, el ruido de sables podría ser usado contra el actual gobernante. Hasta ahora no ha ocurrido, y Maduro asegura que las FF.AA. son leales. Por eso le conviene culpar a los opositores, "aliados" de EE.UU., de cualquier conspiración.
Más cacerolazos en Argentina
La tercera protesta en siete meses dejó a los manifestantes de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mar del Plata y otras ciudades con el sabor de una victoria de la calle frente a la poderosa Cristina Fernández. Asunto distinto es que esto se transforme en una avanzada para ungir candidatos en las primarias de agosto y ganar las elecciones legislativas de octubre.
A la Presidenta no parecen agobiarla estas movilizaciones. Prefiere concentrarse en sus batallas más significativas, como la reforma judicial -contra la cual, precisamente, se rebelan sus conciudadanos-, y dar vuelta la cara a los eslóganes levantados en su contra. Ni los casos de corrupción de que se acusa a personeros de su entorno, ni la débil situación económica estuvieron entre sus prioridades la semana pasada. La desencajó el fallo judicial que declaró inconstitucional una parte de la Ley de Medios que limita el número de licencias de la televisión pagada. Lo anterior beneficia al grupo Clarín, con el cual ella mantiene una pugna permanente. Sin embargo, en esa contienda, la Presidenta obtuvo un triunfo con la aprobación en el Senado del límite de seis meses a las medidas cautelares, una herramienta jurídica que ha permitido a Clarín evitar el desmembramiento de su conglomerado mediático.
La sociedad argentina se mantiene dividida por un conflicto ideológico que impide diálogo y negociaciones políticas. El gobierno se beneficia de la incapacidad de la oposición para formar un referente unido. Los líderes políticos antikirchneristas reconocen sus limitaciones en ese sentido. Mauricio Macri ha dicho que es difícil que su partido se una a radicales y socialistas, porque poseen distintas visiones de sociedad.
Pero para lograr tener influencia en lo que está ocurriendo en Argentina, en los próximos meses debieran superar esa incapacidad y unirse en torno a un programa poco ambicioso, que no sea más que la defensa de la institucionalidad y la búsqueda de soluciones a los problemas que golpean a los argentinos.