La acusación constitucional que destituyó al ministro de Educación Harald Beyer es la primera de su especie que se vota favorablemente, pese a los gruesos errores jurídicos de su presentación -especialmente en la petición sustancial de sancionarlo por el incumplimiento de obligaciones propias del ministro del Interior- y a su disociación de la gestión real que desempeñó ese secretario de Estado.
Esto último explica los intentos realizados hasta el final por sus acusadores para lograr el efecto político de su remoción por vía de su renuncia, sin infligirle los daños que significará ahora su inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años. Esta sanción solo aparece atendible respecto de quien efectivamente hubiese incurrido en las graves conductas que contempla la Constitución para la destitución de un ministro, de las cuales los senadores bien saben que Beyer es inocente.
Es elocuente el caso del senador Sabag (DC), cuya intervención dio la constante impresión de que votaría negativamente la acusación, pero luego la apoyó con su voto, para terminar lamentando el desenlace de la destitución del ministro. El único aspecto coherente de su conducta estuvo en su reconocimiento de las eventuales repercusiones electorales para quienes rechazaran la acusación.
También lo es la crudeza con que el senador Navarro (ex PS, actual MAS) justificó su voto condenatorio -tras ausentarse de la exposición de los cargos de los acusadores y de la defensa del ministro, algo inconcebible en un jurado por mandato constitucional-, diciendo que "antes de entrar todos teníamos determinado cómo íbamos a votar".
La actuación del senador Bianchi (independiente) -cuya disponibilidad para resolver caso a caso las materias sometidas a su consideración, sin que sea posible identificar una línea de pensamiento que permita predecir su conducta- prolongó la incertidumbre hasta el final y anuló el firme testimonio republicano de un senador de oposición como Patricio Walker, que en conciencia y con su voto reconoció la injusticia de la acusación levantada contra Beyer, pese a sus diferencias políticas.
Comprensiblemente, el prestigiado semanario The Economist resumió: "Los chilenos merecen algo mejor de sus parlamentarios".
Trasfondo del debate
La ansiedad que evidenciaron los acusadores por empatizar con las demandas de los dirigentes estudiantiles, manifestada en gestos y actitudes hacia sus representantes ubicados en las graderías, mueve a inevitable inquietud. Las movilizaciones sociales, estudiantiles y gremiales suelen acrecentarse en períodos preelectorales, pero hoy el mundo político parece más dependiente que antes de los favores de la calle. En ello repercuten los cambios institucionales del voto voluntario y la inscripción automática, y el impacto que causó la consiguiente abstención de la última elección municipal. Si en la era del voto obligatorio y la inscripción voluntaria se criticó al mundo parlamentario su escaso foco en los asuntos de la juventud -atribuido al perfil etario que tenía el padrón electoral-, hoy los parlamentarios compiten por el beneplácito de los estudiantes universitarios, que tienen capacidad de movilizarse para concurrir a votar y sellar un desenlace electoral.
Pese a todo, hay quienes ven en el actual debate una muestra del progreso del país, pues la crispación y la dura polémica se dan en torno a la educación -incluso con cierta preocupación al menos verbal en cuanto a su calidad-, y no a la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, vivienda o empleo, que hoy se dan por garantizadas y parecen propias de otros tiempos. Pero para fundar esa impresión sería necesario dar más contenido al debate político respectivo, ya que en el clima populista que imperó en la acusación contra Beyer pasan inadvertidos los progresos de las pruebas de medición de la calidad de la educación, anticipados por el Gobierno para defender al ministro, y el buen resultado alcanzado por las universidades chilenas en los últimos rankings latinoamericanos dados a conocer. Nada de esto podrá consolidarse si las miradas no convergen en algún grado sobre los verdaderos desafíos de nuestro sistema educacional y su promesa aún incumplida de igualar las oportunidades de los jóvenes, por sobre las consignas del lucro y la gratuidad que se oyeron con voz impostada en la votación del Senado.
Cuotas de responsabilidad De la caída de Beyer surgen lecciones políticas preliminares para todo el espectro político. Para la centroderecha y, en general, el mundo del emprendimiento y de la libertad de enseñanza, se destituyó al mejor ministro de Educación de las últimas décadas. Y esa campanada -con el horizonte de la elección de noviembre próximo- alerta sobre los riesgos que el pensamiento griego sintetizó diciendo que "El precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los hombres peores", aunque ello se exprese en un solo y remoto territorio senatorial. Hay ejemplos demasiado cercanos de los costos que paga un país cuando un sector social gravitante abandona los espacios públicos propios de la democracia. Para la Democracia Cristiana, su esfuerzo por sacar adelante una primaria dentro de la oposición solo tiene sentido si es capaz de perfilar una alternativa; pero si su abanderado titubea y en el comportamiento colectivo no se advierte un elemento de identidad propio, distinto de la opción favorita, está condenándose ella misma a ser avasallada. Y la centroizquierda chilena -que durante dos décadas de gestión conjugó el respeto a los cauces institucionales con su vocación de cambio- inflamó, por un efímero triunfo político, un vértigo populista insaciable, que tarde o temprano tendrá que disciplinar, con crecientes costos para ella y para el país en general.