El Ejecutivo hizo uso de sus facultades constitucionales y envió un veto presidencial para eliminar la franja obligatoria y gratuita en TV previa a las elecciones primarias. Esta franja había sido incorporada por una indicación parlamentaria al proyecto que introduce perfeccionamientos al sistema de inscripción automática y a la Ley de Primarias. Según esta indicación -vetada por el Ejecutivo-, los canales de TV abierta debían transmitir una franja electoral gratuita a las 20 horas durante los 30 días previos a las primarias, en la que cada candidato a primarias presidenciales dispondría de dos minutos. En paralelo, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto, que acota la duración de la franja en 15 minutos por 20 días, en un horario flexible a determinar en conjunto con los actores respectivos.
Dicha normativa -que ya fue analizada por el Congreso y quedó eliminada del proyecto por el veto- despertó el rechazo de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), por la sobrecarga que la transmisión de la propaganda significa para los canales. Asimismo, su presidente hizo presente a los parlamentarios y al Gobierno la inconstitucionalidad de la iniciativa y su impracticabilidad, por el alto número de candidatos que han declarado su disposición a participar en el proceso de primarias, lo que obligaría a una franja de extensión indeterminada.
Además, diferentes sectores políticos han criticado la norma vetada y el proyecto de franja presentado por el Ejecutivo, por el desequilibrio en el acceso al espacio televisivo y una eventual discriminación contra aquellos candidatos que han decidido no participar en primarias, y han advertido que incluso podría constituir un incentivo a organizar primarias exclusivamente para optar a la propaganda gratuita, sin que exista una real competencia.
Las primarias constituyen un valioso avance en la participación ciudadana en la definición de las candidaturas, y es preciso evitar desequilibrios en su implementación. Si la autoridad ha querido otorgar a estos comicios la máxima relevancia, encomendando al Estado y no a los partidos políticos su organización y desarrollo, es entendible que quiera fijar condiciones que garanticen ecuanimidad.
El voto voluntario obliga a redoblar esfuerzos para revertir la grave desafección ciudadana con la política que mostraron las pasadas elecciones municipales. En esto, el rol de los medios es fundamental, pues la cobertura informativa de la actividad política responde al derecho a información de la ciudadanía y contribuye a un voto informado. Pero eso debe darse en un escenario de libertad editorial y diversidad de programación.
Si bien la TV abierta, como la radio, hace uso de un bien público en concesión, su sustento comercial proviene de la publicidad, lo que hace entendible su preocupación por los costos de abordar la obligatoriedad de dos franjas electorales, además de otras obligaciones en materia de campañas comunitarias. Resulta, pues, razonable la propuesta de una franja más reducida y en un horario acordado con los propios canales.