Señor Director:

¿Qué significa que en cuatro años tengamos cuatro ministros de Educación y once en los últimos diecisiete? ¿Qué significa recomenzar con el riesgo de caer en improvisaciones cada año y medio? Difícilmente esto podría ser bueno en un ámbito esencial para un país y la vida de nuestra juventud que requiere seriedad y esfuerzo mancomunado. Más aún cuando en este ámbito, el educativo, existe al menos la voluntad de generar cambios inéditos y muy necesarios, consecuencia también de justas y sentidas demandas ciudadanas. La educación y formación humana y espiritual de una persona es fruto de largos y pacientes procesos que requieren una base de estabilidad y continuidad.

Lo ocurrido con dos ministros destituidos presenta algunas interrogantes acerca del modo en que se ha aplicado dicha posibilidad. Si el Senado debe actuar como tribunal, y sus miembros como jueces, en conciencia y libertad personal, ¿cómo entender que en ambas destituciones, el oficialismo casi unánimemente votó en contra y la oposición a favor? ¿No podría alguien suponer que la culpabilidad o inocencia aparezca determinada no tanto por la búsqueda de la verdad, sino por la tendencia política del acusado? ¿Será éste el mejor camino para consensos claves e indispensables en bien de la urgente calidad y equidad en la educación? ¿Ayudan estos episodios a recomponer las confianzas ciudadanas hacia la actuación política, cuyo servicio al bien común valoramos y potenciamos?

Varios opositores de entonces han calificado ahora como un serio error su voto ante la entonces ministra Provoste. Varios de los de hoy lamentaron acusar como culpable al señor Beyer, por considerar injustas las sanciones civiles derivadas. Preocupa que en la ciudadanía, en el caso de ambos ministros y más allá de faltas objetivamente cometidas, no se logre plena certeza respecto de si se logró acreditar suficientemente un hecho de tal gravedad, para que su condena resultara evidente. Es muy complejo que un mecanismo que se quiere modificar, por lo improcedente y desproporcionado de sus sanciones, termine siendo la vía que finalmente se aplica y a través de la cual se resuelve.

Es probable que la democracia por cuya recuperación muchos luchamos requiera perfeccionar sus instancias para que ellas hagan efectivo el espíritu republicano de sus instituciones, dando plena garantía a los derechos de todos. Respetar la institucionalidad democrática y sus procedimientos no puede inhibirnos en una reflexión autocrítica sobre ellas. Sobre todo en un debate público de esta envergadura cuyos temas de fondo han pasado a un plano secundario y que han enturbiado con descalificaciones y polarización el clima de respeto que el país requiere en este período preelectoral.

Héctor Vargas Bastidas
Obispo de San Marcos de Arica
Presidente Área Educación Conferencia Episcopal