La cartera de clientes de seguros complementarios de salud ha caído en un millón y medio de asegurados. Al respecto, esa industria explica que durante 2012 las compañías del rubro limpiaron su cartera de los afiliados con más siniestros, alzaron el precio de los seguros, e incluso algunas aseguradoras dejaron de ofrecer estos planes por ser poco rentables.
Dichos seguros tienen por objeto mitigar el riesgo en aquellas áreas no cubiertas por Fonasa y las isapres, lo que ocurre cuando se llega al límite de las coberturas o porque los fármacos no están cubiertos, entre otros. A diferencia del seguro de salud ofrecido por las isapres, los complementarios son entregados por empresas de seguros generales y no de giro exclusivo. Por eso, su fiscalización compete a la Superintendencia de Valores y Seguros, y no a la Superintendencia de Salud, y se guían por parámetros financieros, y no de salud. Es un instrumento útil para personas que desean mejorar el plan ofrecido por las instituciones especializadas, pero no podría reemplazar a los planes de Fonasa e isapres.
Ocurre así porque el seguro complementario de salud no es obligatoriamente renovable, y un cliente con demasiados siniestros puede ser eliminado al final del contrato. Esto lo diferencia de las isapres, que desde principios de los años 90 están obligadas a renovar los planes. Además, son seguros que pueden diferenciar a los clientes por sus características, elevar sus precios o cambiar la cobertura al término del contrato. Estos rasgos los constituyen en solo un complemento del sistema fundamental, representado por Fonasa y las isapres.
Y es llamativa la imagen de estos seguros en la opinión general: la percepción que el público tiene de ellos es favorable, pese a que presentan todas las características por las que se ha criticado a las isapres -excluyen preexistencias, no tienen obligación de renovar contratos, están diseñados para aumentar las utilidades de las empresas que los ofrecen, elevan los precios sin preocuparse del IPC de la salud y tienen límites a la cobertura de siniestros catastróficos-. Probablemente incide en esto su carácter voluntario, en contraposición a la cotización obligatoria en que el legislador fundó el sistema de isapres, a la que se agregan las dificultades de comprensión y fácil transparencia que conlleva su sobrerregulación, conducente a un muy limitado margen de libertad de pactar entre las partes la modalidad que mejor convenga al usuario.
Si eventualmente desaparecieran las isapres -lo que no parece imposible, dada la oposición que enfrentan en las instancias políticas y parte de la opinión pública-, sus actuales usuarios solo dispondrán de Fonasa y de estos planes complementarios. En tal caso, las quejas de los actuales beneficiarios de isapres se dirigirán contra dicho fondo y estos seguros, que predeciblemente terminarían siendo reglamentados como lo han sido las isapres.
Las críticas que despiertan las isapres en vastos sectores, pese a que atienden solo al 15% de mayores ingresos de la población, pueden atribuirse a que durante mucho tiempo hicieron caso omiso de la mala imagen que proyectaban, sin explicar sistemáticamente a la población su naturaleza de seguro sui generis (y no de un fondo acumulado para atención de salud), además de incurrir algunas de ellas en prácticas que eran o se percibieron como abusivas e insensibles.
El caso de las isapres debería recordar a todo el sector privado la importancia decisiva de la opinión pública para cualquier industria. Para consolidarse se requieren explicación precisa y sostenida de su beneficio social, y acciones concretas que demuestren a la sociedad que una empresa tiene objetivos que no solo maximizan utilidades. Esto obviamente supone costos y puede parecer un error de gestión en el corto plazo, pero en el largo puede ser vital para una industria o emprendimiento.