A un año y medio de la puesta en marcha del Plan Frontera Norte, se observan alentadores resultados en su ejecución en terreno: el decomiso de droga se ha más que duplicado; el combate al contrabando se intensificó, recuperándose un número significativo de vehículos robados; aumentó la presencia policial en la zona limítrofe y se incrementó la detención por ingreso ilegal de extranjeros, muchos narcotraficantes y con prontuarios criminales por otros graves delitos. Todo esto ha sido posible gracias al aumento de los medios disponibles, a la incorporación de modernas tecnologías y a la capacitación funcionaria, en misiones sacrificadas y en zonas aisladas, que merecen el mayor reconocimiento y estímulo.
Estos avances contrastan muy favorablemente con los perjuicios anteriormente causados por años de abandono y descontrol en este campo. Con todo, subsisten tareas pendientes, que evidencian la imperiosa necesidad de fortalecer el mencionado plan con recursos adicionales y mejor coordinación.
Desde luego, se requiere densificar la demarcación limítrofe, aumentando los hitos: en casi 800 kilómetros de frontera con Bolivia se cuenta con apenas 145 de ellos en una zona que presenta más de un centenar de pasos no habilitados, de uso ilegal frecuente. La nula e indispensable cooperación de Bolivia para la construcción de estas obras -cuya ausencia arriesga controversias que afectan las relaciones bilaterales por transgresiones inocentes y dolosas- obliga a incrementar los patrullajes y las dotaciones policiales en esos territorios. Para combatir los delitos transnacionales, la coordinación con los países vecinos es fundamental. Esa tarea exhibe progresos razonables con Argentina y Perú, no así con Bolivia, que extrañamente parece no apreciar los beneficios compartidos de la seguridad en las fronteras.
Es correcto asignar exclusivamente a las policías el control inmediato de la frontera y las funciones de prevención y represión de los delitos por ingresos ilegales de bienes y personas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas cuentan con tecnologías y medios que no se utilizan y que son capaces de proporcionar información e inteligencia valiosa para esos propósitos. Se sabe que, por la incertidumbre e inseguridad prevalecientes, las exploraciones y explotaciones mineras y los transportistas han debido adoptar protocolos especiales de contacto permanente con sus bases, mediante teléfonos satelitales y otras medidas extraordinarias de seguridad.
También cabe mejorar la compleja coordinación interagencias e interministerial. En estas materias participan diversas reparticiones dependientes de diferentes ministerios, tales como los servicios de Aduanas, Agrícola y Ganadero, Extranjería, las policías, la Cancillería y las FF.AA. Lamentable fue, por ejemplo, conocer recientemente la descoordinación entre la policía y el Ministerio del Interior, que por la demora en su expulsión, terminó con la liberación de varias decenas de inmigrantes ilegales, algunos con prontuarios criminales.
Asimismo, es especialmente necesario dar pruebas de un efectivo control fronterizo, estando próximo a ingresarse a tramitación legislativa un proyecto de Ley de Migraciones, más racional, moderno y flexible que la anacrónica normativa vigente. La experiencia en otros países es el condicionamiento de la apertura migratoria al debido control del ingreso de extranjeros. Así está ocurriendo en estos precisos días en el hemisferio norte.
El positivo cumplimiento del Gobierno de su promesa de asegurar las fronteras debería ser seguido por una amplia evaluación del Plan Frontera Norte, que en pocos meses cumplirá su segundo aniversario. Entonces, junto con mostrar sus logros, debería aquel proponer y adoptar las medidas complementarias necesarias para perfeccionarlo.
El control de las fronteras es una prioridad nacional por sus repercusiones en el ejercicio de la soberanía, en la seguridad interna, y también en la responsabilidad de los estados de contribuir a la seguridad internacional, mediante el combate a los delitos transnacionales.