El complejo proyecto de Ley de Televisión Digital avanza en el Senado, enfrentando una y otra vez nuevos aspectos que abren diferencias entre los legisladores, y entre estos y el Gobierno. Históricamente, uno de los aspectos que han suscitado mayor discusión ha sido el estatuto de relaciones entre el cable y la televisión abierta. El tratamiento de la propiedad intelectual de los contenidos de los canales abiertos, las condiciones en que estos pueden ser retransmitidos por los concesionarios de servicios limitados (cable), y las consiguientes opciones entre las llamadas must carry (debe transmitir) y may carry (puede transmitir), han estado en la tabla principal del debate.
Durante abril, un nuevo tópico se ha venido discutiendo: la duración de las concesiones digitales y el derecho preferente de los actuales concesionarios de TV abierta para optar a ellas. El plazo propuesto es de 20 años para canales con medios propios, términos que no satisfacen a la oposición en la Cámara Alta.
Pero el aspecto que despierta más polémica es la renovación de las concesiones con derecho preferente, una técnica que existe en el derecho de las concesiones. En concreto, significa que los canales actuales tienen una preferencia -no absoluta, pero recogida en la ley- para renovar sus concesiones al vencimiento de su plazo. Esto se justifica como el reconocimiento que haría el legislador al esfuerzo económico de las inversiones y ajustes de esos canales para adaptarse a las exigencias y tecnología digital. El ministro del ramo defendió el derecho preferente como un perfeccionamiento del marco regulatorio, el que siempre se balancea con la facultad del Consejo Nacional de Televisión de caducar una concesión si se vulnera el "correcto funcionamiento" que exige la Constitución.
Como técnica de concesión pública, el derecho preferente a la renovación es instrumental, y podrá ser positivo o no dependiendo de cómo se armonice con los valores centrales de la televisión que se desee promover. Certeza en el marco regulatorio a los inversionistas es un aspecto relevante, dado que la TV digital exigirá fuertes desembolsos. El desafío es renovar gran parte de las 280 estaciones de transmisión que existen en el país, en su capacidad física, energética y demás.
El retorno de lo invertido en plazos apropiados para ello es otro aspecto a considerar. El acceso de crecientes segmentos de la población al nuevo formato de televisión es un objetivo natural. Igual cosa cabe decir del acceso de nuevos actores con el tiempo: el sistema debe resguardar una razonable opción de competir a actores nuevos, que serán, además, los que aseguren la competitividad de los que se encuentren en posesión de su respectiva concesión.