Tres cosas se juegan en la votación del miércoles: El futuro de los estudiantes, la suerte de Beyer y el reforzamiento o deterioro de la sujeción de la política a reglas y a razones.
Los estudiantes
¿Debieran sentirse más seguros los miles que estudian en las varias universidades que lucran si cae Beyer? A mi juicio, no, ya que la legislación que tenemos es tan defectuosa que ninguna autoridad -ni Beyer ni otra- tiene atribuciones políticamente eficientes y jurídicamente adecuadas para fiscalizar el lucro y abatirlo.
Los alumnos de las universidades que lucran tienen rabia e inseguridad. Las autoridades de los planteles en que estudian, luego de atraerlos con publicidad engañosa, se han apoderado de su dinero, sin invertirlo en su educación.
¿Qué ha hecho por ellos el Estado de Chile? Solemnemente ha declarado que las universidades son corporaciones que no persiguen fines de lucro, y luego, no mucho más. De paso, todos hemos celebrado que tantos jóvenes cuyos padres apenas terminaron la primaría alcancen la educación superior. Pero claro, un espacio así, desregulado y opaco, es el caldo perfecto para el cultivo de abusos y corrupciones. Lo previsible se ha verificado.
¿Y Beyer? ¿Por qué no puso fin a esto si lo sabía? El Ministro debía someter su acción a la Constitución y a las leyes, como ocurre en un estado de derecho. Las facultades que la ley otorga al Ministerio de Educación para fiscalizar y abatir el lucro son esencialmente dos, la de pedir los balances auditados a las universidades y la de revocarles su autorización a aquellas que violen sus estatutos, el orden público, la moral, las buenas costumbres o la seguridad nacional. Estas normas son ostensiblemente defectuosas.
Los defectos jurídicos me los salto. Me limito a decir que, dada la indefinición de las conductas prohibidas y la vaguedad del término lucro, un Ministro, con los antecedentes que hay (básicamente recopilados por la prensa, ya que no hay autoridad que pueda investigar), debiera cerrar varias carreras, sedes y dependencias de al menos dos universidades públicas y por completo a la mayoría de las privadas. Ese sería su deber.
El defecto político de la actual legislación es que el deber esencial incumplido, el de cerrar universidades, daña principalmente a los mismos estudiantes, mientras el "inversionista", que incurrió en los actos irregulares, podrá seguir disfrutando del lucro que ya obtuvo.
Aquí alguien ha incumplido con sus deberes para con los estudiantes de Chile y sus familias. El deber no cumplido es el de legislar. Primero, para definir con precisión las operaciones comerciales que las universidades no pueden hacer; legislar, en segundo lugar, para dotar a alguna autoridad de suficientes poderes investigativos y fiscalizadores para determinar con justicia y eficacia si se han cometido o no esas conductas prohibidas, y por fin, para establecer un conjunto variado de sanciones que se dirijan en contra de los infractores y no de los estudiantes.
Una vez que el legislador haya cumplido con este deber, podrá perseguirse con propiedad a las autoridades que no ejecuten las leyes.
La suerte de Beyer
La política es ruda y el que se mete en ella corre riesgos. El problema es que este es un juicio, que acarrea una pena: cinco años de inhabilidad para cargos públicos. En el caso de Beyer lo privará de hacer docencia en una universidad pública por ese tiempo.
Se cometerá con él una injusticia. Esta es análoga a la que cinco años atrás cometieron con Yasna Provoste los mismos parlamentarios que hoy piden racionalidad, revisar los méritos y juzgar a Beyer en conciencia y no políticamente, sin antes siquiera pedirle perdón a Yasna Provoste.
La suerte de la democracia
En una democracia sana, las decisiones, sobre todo la de juzgar a una persona, debieran quedar sometidas a reglas y a razones que digan relación con el interés público. La capacidad de los políticos de explicar esas razones es lo que los prestigia.
La pregunta es por qué debieran ser pulcros esta vez con las razones y los méritos los de la Concertación, si los de la Alianza no lo fueron en el caso de Provoste, hace 5 años, o al elegir a Velázquez la semana pasada.
Las decisiones de bloque que no tienen otra explicación que la de infligir una derrota al adversario desprestigian la política. La pregunta difícil es por qué debo refrenarme yo si mis adversarios no lo hacen. Así, vamos cuesta abajo en la rodada, ellos, nosotros y el prestigio de nuestra democracia.
La segunda pregunta, tal vez la más difícil, es por qué debieran ser pulcros con las reglas y las formas los de la Concertación si esas reglas están diseñadas para que la derecha, por medio del binominal y de las leyes de quórum calificado tenga un veto para evitar que se cambie lo que de verdad importa.
¿Está la Concertación en la obligación política o moral de cuidar unas reglas que tienen la cancha desnivelada?
Si la derecha no se allana a cambiar los cerrojos que le permiten impedir que la mayoría haga cambios, cada vez se le hará más difícil pedir que la política se ciña con escrúpulo a reglas y a razonamientos, que son pre condición de cualquier democracia, y cada vez será más posible que los cambios no se hagan desde las instituciones de la democracia. En este problema, en el que Chile se juega su suerte, la palabra la tiene la derecha y no los senadores de la Concertación.