El uso del censo para el diseño e implementación de políticas públicas es uno de sus objetivos propios, pues la información aportada -y, más aún, aquella acopiada por la serie de censos practicados desde 1813- revela la trayectoria de ciertas variables en el país, permite observar las tendencias del cuerpo nacional, y también el efecto de las actuaciones de las instancias estatales y privadas a lo largo de esa serie.
En materia demográfica, por ejemplo, se observa una disminución en la tasa de natalidad, de 1,59 nacimientos en promedio por mujer en edad fértil en 2002, a 1,45 en 2012, que curiosamente ocurre pese a un mayor número de nacimientos en mujeres entre 15 y 24 años en 2012 -lo que no era anticipable-, aunque luego ello se ve compensado por un menor número de nacimientos en las de 25 años en adelante. A su vez, esa tendencia va acompañada de mayor participación femenina en la masa laboral, desde 34,59% en 2002, a 42,39% en 2012, y de una mayor proporción de mujeres jefas de hogar, de 31,52% a 36,38%. En otras palabras, las mujeres han cobrado un rol más importante, tanto en el mundo laboral como en la dirección del hogar, y aunque deciden tener menos hijos en promedio, algunas están dispuestas a tenerlos antes. Todo esto conduce a examinar de qué manera las políticas públicas actuales puedan estar impulsando algunas de esas tendencias; por ejemplo, otorgando más puntos en las fichas sociales a mujeres solteras que casadas, a quienes son jefas de hogar respecto de aquellas que compartan el hogar con su pareja, y a las mujeres jóvenes, bajo 19 años, que tienen hijos, respecto de aquellas que a esa edad están estudiando. Los incentivos que los programas sociales inducen no siempre son fáciles de advertir, pero deben ser examinados, para no producir efectos perversos o indeseados.
Por otra parte, en materia de vivienda, se observa cómo se ha consolidado el esfuerzo que el país ha hecho en las políticas públicas en esa dirección. A pesar de que en 10 años la población creció en 1,58 millones, la cantidad de viviendas lo hizo en 1,35 millones, de modo que el número de personas por vivienda bajó -es decir, hay más viviendas disponibles por persona-. En 2012, las casas y los departamentos suman el 97,7% del total, contra 94,67% en 2002. El 93% cuenta con red de agua (91% en 2002) y 99,25% con luz eléctrica (97,08% en 2002), y más de 98% de las viviendas tiene un hogar por vivienda (95% en 2002). En este ámbito, es claro que las políticas públicas futuras deben destinarse a mejorar la calidad y tamaño de la vivienda, además del entorno y el barrio en que ellas se encuentran, buscando elevar la calidad de vida de las personas que allí viven, así como la de los espacios públicos que tienen a su disposición.
En la conexión a internet, 44% de los hogares ya lo posee, un gran salto desde 2002, cuando ello solo ocurría en 10% de ellos, aunque persiste cierto analfabetismo digital, pues solo 57% de la población puede buscar información en internet y enviar un correo electrónico desde esa plataforma. Aquí el país se encuentra ante una gran disyuntiva: o sigue creciendo al ritmo de las actuales demandas y tecnologías reguladas, o se prepara para que en el futuro cercano se produzca una explosión del ancho de banda necesario para gran parte de las aplicaciones. Esto requerirá agilizar la velocidad para introducir nuevas tecnologías y llegar a todos los hogares con fibra óptica, que asegure 1GB/seg a los usuarios, ancho necesario para desarrollar programas educacionales, de salud, de investigación, de emprendimiento y de entretención como los que estarán disponibles antes que termine esta década.
Los anotados son apenas tres campos en que el Censo 2012 entrega directrices para las políticas públicas. En decenas de otras áreas ocurre otro tanto. Cabría esperar que los programas presidenciales que planteen los candidatos a La Moneda en 2014 las tomen debidamente en consideración.