No resulta exagerado pensar que el sistema penal chileno se mantiene en pie gracias a que solo se investiga una mínima parte de los delitos. Por ejemplo, es tal la burocracia de la persecución penal, que pasan semanas entre la denuncia de la víctima y las primeras diligencias investigativas. Tras la denuncia, la policía elabora un parte escrito. Este va a alguna fiscalía local, donde se distribuye, y el fiscal designado se demora usualmente varios días en componer una orden de investigar, también en un documento escrito. Un par de días después, un funcionario lleva por mano la orden a la repartición policial encargada de la investigación, donde otro funcionario se demora a su vez algunos días en encomendársela a un equipo investigativo concreto. Entretanto, casi todas las huellas del delito han desaparecido del sitio del suceso, el botín se encuentra asegurado, y los responsables, suficientemente alejados de las sospechas.
Excepciones a lo anterior -salvo que medie un golpe de suerte- son los delitos flagrantes (casos como el del ladrón que es aprehendido mientras huye con el botín en la mano) y aquellos en que se trata de delincuentes ya conocidos, que se mueven hace tiempo en ciertos ambientes también conocidos, y que usualmente han pasado varias veces por el sistema judicial y carcelario. Lo demás forma parte de una "cifra negra" de hechos delictivos nunca investigados. El sistema vive de esta cifra negra, pues de lo contrario colapsaría, y quizá por eso mismo no se observan medidas relevantes para disminuirla en cuanto a calidad de la investigación. De otro modo parece difícil explicar que, pese a que se trata de un problema antiguo y conocido por todos los actores, hasta ahora se haya hecho tan poco para resolverlo.
Un ex fiscal declaró hace poco que, durante sus 11 años de trabajo en la fiscalía, la policía jamás encontró huellas en las casas donde se había entrado a robar. Y se preguntaba si todos los delincuentes usan guantes o limpian cuidadosamente el lugar, o simplemente se está trabajando mal el sitio del suceso. La criminalística es una disciplina compleja, pues aplica los hallazgos científicos a la investigación de los indicios -verdaderos testigos- que inevitablemente deja tras de sí cada delito. La criminalística requiere un doble compromiso con la verdad, el del científico y el del investigador criminal, pero, sobre todo, una intensísima formación multidisciplinaria tanto en los fundamentos como en la aplicación de las técnicas investigativas, desde los análisis caligráficos hasta la medicina forense. No cabe improvisar esta formación, ni tampoco la selección de futuros investigadores profesionales, ni los cuadros docentes que los prepararán.
El mundo ha avanzado mucho en esta materia. Los retos que plantean las nuevas formas de criminalidad, y también los medios con que hoy se perpetran los delitos clásicos, y el desarrollo de las ciencias aplicadas a la investigación, deberían ser un incentivo potente para que personas de talento opten por esta labor profesional. También deberían ser un acicate para que la formación de los fiscales incluya una genuina y acabada preparación criminalística. Si el fiscal no sabe investigar, o se limita a lo obvio y a lo que le dicta su intuición, mal podrá dirigir la investigación como se lo encomienda la ley. Esta situación es preocupante, y urge evaluar si no ha llegado el momento de propiciar mecanismos para traer a Chile a expertos del más alto nivel, que capaciten ampliamente a fiscales y policías en el ámbito criminalístico, como la misión de Emilio Körner, que transformó al Ejército chileno -poniéndolo a la altura de los mejores de su tiempo-, o como los consultores estadounidenses de la misión Kemmerer, que sentaron las bases institucionales para una política monetaria racional e independiente. Los derechos de las víctimas y los imputados penden de la calidad de las investigaciones. Es tiempo de inaugurar una nueva etapa en esta materia.