Golpe a la educación

El extendido reconocimiento de las excepcionales capacidades profesionales y humanas del ministro de Educación, Harald Beyer, por figuras de muy distinto signo ideológico y partidista, subraya la arbitrariedad de la acusación constitucional aprobada en su contra por una supuesta dejación en el ejercicio de las facultades de fiscalización de su cartera, en especial respecto del lucro en las universidades privadas.

La gestión de Beyer ha estado marcada por un impulso sin precedentes al debate, con propuestas sólidas de los temas de fondo de la institucionalidad de nuestra educación preescolar, escolar y superior. Emplazó con decisión al Consejo de Rectores de las universidades en cuanto al costo y duración de las carreras que imparten, y a las nuevas universidades privadas, respecto de la falta de regulación y transparencia de sus actividades, promoviendo una Superintendencia de Educación Superior y una nueva regulación de los procesos de acreditación. Puso como centro de su preocupación a los estudiantes y sus familias, por sobre la tradicional lógica de priorizar las perspectivas de las instituciones de educación superior y sus organizaciones, y de los grupos gremiales y sindicales vinculados al área. De ahí, también, su apoyo a la educación preescolar, carente de poder de presión política, pero de esencial gravitación en una auténtica igualación de oportunidades para los jóvenes.

De aprobarse su destitución por el Senado, dominado por la oposición, se daría un golpe decisivo a un proceso serio de reforma y modernización de la educación chilena, y una pésima señal a la futura incorporación al quehacer público de profesionales independientes de alta calificación.

Las otras coyunturas graves

Esa convicción movilizó al Ejecutivo a darle un cerrado respaldo al ministro e iniciar una acción de persuasión sobre el conjunto de aquellos senadores de oposición que podrían sustraerse colectivamente al clima de crispación y amedrentamiento contra cualquier signo de disidencia que han impulsado los promotores de esta acusación. Esto último explica que diputados que habían manifestado públicamente su disconformidad con la acusación, dando incluso razones fundadas de su rechazo, terminaran votando a su favor.

Para el Gobierno, la actual situación se equipara a las graves coyunturas que enfrentó el mundo político con los errores de inscripción de la lista parlamentaria del PDC, que en julio de 2001 amenazó con dejarlo fuera del Congreso, lo que solo pudo ser salvado con el apoyo de los partidos de oposición y gobierno; o al acuerdo de reformas institucionales para la modernización del Estado, en enero de 2003, durante el gobierno del Presidente Lagos, en momentos en que la crisis de los sobresueldos tenía paralizada su gestión gubernamental.

Con todo, contar con un conjunto de votos de senadores de las filas opositoras que permitan rechazar la acusación será difícil. El clima de campaña que se apoderó del ambiente tras la irrupción de Bachelet transformaría ese rechazo en un éxito político del Gobierno, así como lograr la destitución de Beyer sería una señal de unidad y un triunfo de la oposición. Incluso, aunque las posibilidades de una actuación más reflexiva y responsable se encuentran entre senadores del PDC, las bases de ese partido no olvidan la destitución de la ministra de Educación de Bachelet, Yasna Provoste, militante de esa tienda, acusada constitucionalmente en 2008, pese a las profundas diferencias de ambos casos.

Por otra parte, no se observan en la oposición los liderazgos que en su momento tuvo la Alianza para liderar los entendimientos políticos de 2001 y 2003.

En la única pregunta periodística que Bachelet ha aceptado contestar desde su regreso al país, frente a la acusación constitucional se limitó a pedir que las instituciones funcionen y a reiterar su rechazo al lucro. Es aún insuficiente para quien convocó personalmente a Beyer para que integrara una comisión asesora presidencial para abordar los desafíos de la educación durante su mandato presidencial.

Clima de crispación

Todo esto se da en un período al alza del apoyo ciudadano al Gobierno, que alcanza al 38% en la última encuesta de Adimark -destacando su buena gestión económica-, pero que enfrenta un complejo cuadro de crispaciones.

Por de pronto, resulta inaceptable la toma durante casi 13 horas de la Ruta 5 Sur, vertebrante del país, por grupos de agricultores que acusan competencia desleal de productos argentinos. Para emprendedores y hombres de trabajo, esa imposición por la fuerza solo puede traducirse en un boomerang en los frentes más inesperados.

Pero, sin duda, lo más grave ha sido el paro portuario "solidario" que mantuvo bloqueados 11 de los 36 puertos del país, convocado por las cúpulas sindicales de trabajadores eventuales. Son enormes los daños económicos y a la imagen y el prestigio del sector exportador chileno, golpeando a la agricultura, la minería y el sector forestal. Incluso se amenazó la provisión de carbón para algunas plantas termoeléctricas del sur del país. La toma de los accesos y la expulsión de los trabajadores que no querían sumarse a las paralizaciones han sido la tónica de una movilización sin un verdadero trasfondo laboral. Ante su evidente cariz político, no es descartable que esa movilización sea una demostración de fuerza hacia Bachelet respecto de la capacidad del movimiento social que pueden desplegar si no se atienden sus demandas, y para dañar la actividad económica, que ha sido una de las áreas más destacadas del gobierno de Piñera.