La precandidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, a poco de llegar a Chile desde Nueva York, ha hecho declaraciones sobre el lucro en la educación que no han podido ser bien comprendidas por nadie. Al señalar los aspectos que tendrían prioridad en su eventual gobierno, dijo: "Necesitamos poner fin al lucro y avanzar en gratuidad de la educación en todos sus niveles".

Las interpretaciones a esta ambigua frase no se hicieron esperar. Para algunos, se refería a que no se podrá permitir el lucro en ningún nivel educacional, esto es, desde el preescolar hasta la educación superior. Pero otros estimaban que era solo el comienzo de la idea de terminar con el lucro en aquellos niveles donde este está prohibido, es decir, las universidades.

El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Ignacio Walker, afirmó que la precandidata debería ser más precisa, puesto que ya existe un proyecto de ley presentado por él mismo junto a otros senadores que exige que los aportes del Estado no se destinen al lucro. El candidato democratacristiano, Claudio Orrego, fue más lejos al afirmar que no es el lucro el problema, sino la calidad de la educación. "El 50% de los estudiantes chilenos estudia hoy en entidades públicas sin fines de lucro, de mala calidad", sostuvo. Y Andrés Allamand, precandidato de la centroderecha, hizo ver que este es el primer paso hacia una negativa estatización de la enseñanza, que pondría término a los emprendimientos privados en la enseñanza básica y media.

Es posible que la precandidata despeje algunas de estas dudas y defina mejor cuál es su posición, aunque tampoco puede descartarse que ella quiera conservar un cierto grado de ambigüedad hasta el mes de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales. Pero haría bien en revisar cómo han cambiado las cosas desde que ella era Presidenta. Desde luego, hay una nueva Ley sobre Calidad y Equidad en la Educación, que creó una Agencia y una Superintendencia de Calidad; un nuevo sistema de subvención preferencial, extendido y muy aumentado; se aprobó una reforma tributaria destinada a financiar los cambios educacionales; un nuevo sistema de crédito, administrado por el Estado, que abarca a todos los segmentos de la educación superior y redujo los costos a la tercera parte. Además, existe un importante conjunto de proyectos de ley que están en el Congreso en distintos grados de avance, y entre ellos cabe mencionar el que crea la Superintendencia de Educación Superior y el que establece un sistema único de financiamiento, además de otras 15 mociones parlamentarias. El conjunto de ideas que se han llevado a la práctica configura un cuadro educacional radicalmente distinto del que ella conoció y administró.