Emol En una estrecha votación, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, a quien las bancadas de oposición más algunos independientes imputan no haber fiscalizado ni sancionado el lucro en las universidades, además de faltar a la probidad.

La incógnita sobre el resultado de la votación se mantuvo hasta el final y la acusación se definió por sólo un voto, el del diputado independiente René Alinco, quien finalmente se inclinó a apoyar el libelo. De esta forma, el resultado fue de 58 a favor sobre 56 en contra.

Con este resultado, la acusación constitucional pasará ahora al Senado, que actuará como árbitro. Para estos efectos, la Cámara designó una comisión de tres diputados de oposición –Fuad Chaín (DC), Marco Antonio Núñez (PPD) Manuel Monsalve (PS)–, quienes deberán exponer la acusación ante la Cámara Alta.

La sesión, que se extendió por cerca de tres horas, se inició pasadas las 10:00 horas de este jueves en el Congreso Nacional, hasta donde llegó el ministro Beyer, en compañía de sus asesores y los titulares de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, Secretaría General de Gobierno, Cecilia Pérez, e Interior, Andrés Chadwick.

Apenas iniciada la sesión, ésta debió ser suspendida, ya que un centenar de personas –entre éstas alumnos y académicos de la Universidad del Mar– alegaban por no poder entrar a presenciar la sesión, lo que finalmente les fue permitido.

Al contrario de lo que estaba previsto, la defensa del ministro Beyer finalmente optó por que no se votara la “cuestión previa”, referente al mérito de la acusación, ya que no contaba con los votos necesarios.

De esta forma, la diputada Alejandra Sepúlveda (Ind) –designada para sostener la acusación– entró de lleno al análisis del fondo del libelo.

En su intervención, argumentó detalladamente las razones de las tres imputaciones que se le realizan al ministro: Infringir la probidad, omitir el deber de ejercer control jerárquico sobre el personal a su cargo –en este caso, sobre el jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte– y omitir el deber de fiscalizar a las universidades.

De entrada, aclaró que “no pretendemos que este libelo cause una afrenta política”, sino que “es una consecuencia directa del agotamiento de todos los recursos para hacer que este ministro se preocupe de hacer cumplir las normas aplicables a su sector”. “No argüimos un juicio político, estamos convencidos de la vulneración de las normas jurídicas”, subrayó.

En cuanto a la acusación de que infringió el principio de probidad, sostuvo que el ministro negó en reiteradas ocasiones las denuncias de lucro, pese a que existían numerosos antecedentes en esa línea, aportados por académicos de la Universidad de Chile, de la Comisión de la Cámara que investigó el lucro en las universidades, y del ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso.

“En la misma Cámara él negó tener conocimiento de esto y negó tener denuncias. Yo me pregunto, por qué nos mintió. Perdón si ustedes no quieren reconocerlo, pero el ministro mintió”, subrayó la diputada, generando expresiones a favor y en contra en la graderías.

También criticó la función del ministro en el proceso de cierre de la Universidad del Mar, afirmando que pese a era su responsabilidad, “la gestión del ministerio ha sido nula, ni siquiera insuficiente”. “La señora Nuria Pedrals, la encargada de hacer el proceso de reubicación de los alumnos, renunció. Los estudiantes denuncian que los números de reubicados no son tales”, apuntó.

Junto a esto, le enrostró haber publicado tardíamente una serie de reglamentos que eran responsabilidad de su cartera, los que –según sostuvo– una vez publicados no eran de la calidad adecuada.