A menos de tres meses de la fecha programada para las elecciones primarias que definirán los candidatos presidenciales de la Alianza y la Concertación, como también algunos candidatos al Congreso, el Gobierno ha anunciado que destinará entre 600 y 900 millones de pesos a una campaña de difusión e información sobre las mismas, cuyo despliegue comenzará el 29 de abril, para lo cual se contempla avisaje en la vía pública, prensa, radio, internet y televisión.
Tratándose de una forma de elección inédita en el país, con un diseño complejo que aún no termina de precisarse legalmente, y con plazos muy ajustados, es un reto mayor el hacerlo entendible para la ciudadanía y lograr su voluntaria participación en este proceso. Considerando esto, el Ejecutivo ha previsto la capacitación de los vocales de mesa como un aspecto primordial para la correcta implementación del sistema en cada local de votación. Además, hace bien en anticiparse por medio de un despliegue comunicacional que busque educar a los votantes en torno al significado y efecto de esta elección y a la forma de ejercer su derecho, junto con incentivar su concurrencia a las urnas.
Con todo, el presupuesto asignado parece exiguo ante la dimensión de semejante tarea, por lo que convendría actuar con toda la flexibilidad que el caso requiere, destinando más fondos tan pronto como se evidencie su necesidad. Cabe pensar, por ejemplo, en una campaña intensiva de dos semanas a comienzos de mayo, para evaluar los logros de lo que ya se haya obrado y, si los resultados no fueren satisfactorios, lanzar una segunda campaña a comienzos de junio, reforzando el mensaje central y llenando los vacíos que pudiere haber tenido la primera. Esto permitiría asegurar mejor su eficacia, sin arriesgar la eficiencia en el uso de los recursos.
Refuerza la conveniencia de lo anterior el lento avance legislativo que ha tenido el proyecto para mejorar la Ley de Elecciones Primarias, respecto del cual hay nuevas indicaciones del Ejecutivo. Por de pronto, no se cumplirá con el plazo de la primera semana de abril que había señalado la directora subrogante del Servicio Electoral como necesario para que esa repartición pueda implementar lo que a ella le compete en la organización de esta elección.
Como se advierte, las dificultades por superar para estos escrutinios son mayores: definiciones que aún no acaban de tomarse; implementación por un Servicio Electoral con una nueva estructura y sin la presencia de un director titular; votación para decidir algo que nunca antes había estado sujeto a un sufragio popular vinculante de esta especie; segunda experiencia de voto voluntario en el país, tras una primera que dejó graves interrogantes. Y, como si lo anterior fuera poco, todo esto contra el tiempo.
No puede perderse de vista que lo fundamental que está en juego aquí, más allá de asegurar la logística del proceso, es la credibilidad del sistema electoral mismo, uno de los grandes activos con que ha contado la democracia chilena. El daño que ella sufrió en las elecciones municipales pasadas, en las que hubo una muy baja participación ciudadana y en las que se evidenciaron importantes errores, debe constituir una severa alerta para que esta vez se desplieguen todos los esfuerzos posibles y, responsablemente, se inviertan todos los recursos necesarios para asegurar su impecabilidad.