El panel de expertos del sector eléctrico le cerró el paso a la vía administrativa que pretendía usar el Gobierno para impulsar un proyecto de interconexión entre los sistemas eléctricos SIC y SING. En un fallo contundente, dicho panel se basó en el texto de la ley para fallar que esta solo permite que los privados propongan estos proyectos, y que los mismos no forman inicialmente parte del sistema troncal. El error de haber intentado esta vía cuando ya existía un proyecto privado bastante avanzado y una norma legal clara, muestra la confusión que prevalece en el sector eléctrico.
Ella se extiende al ámbito legislativo: se han propuesto tres leyes para buscar solucionar los problemas que enfrentan las inversiones en transmisión: la de servidumbres, cuyo proyecto se arrastra lentamente por el Congreso hace años; la de carretera eléctrica propuesta por el Presidente, y una que busca modificar los artículos sobre interconexión entre sistemas de la Ley Eléctrica. Habría sido mejor un solo proyecto, que englobara los aspectos actualmente dispersos en tres cuerpos separados.
La transmisión se ha transformado en un obstáculo para el desarrollo y la entrada de competencia en el sector, y los retrasos en la construcción de líneas -además de la judicialización de las inversiones en centrales hidroeléctricas y a carbón- son una causa de los altos costos de la electricidad. Estos disuaden la inversión en otros sectores y reducen el crecimiento futuro.
Un proyecto de transmisión enfrenta la oposición de propietarios de terrenos, que se oponen para conseguir una compensación mayor al valor comercial de sus terrenos. Representantes de pueblos originarios se oponen a que los proyectos pasen por tierras ancestrales. Los movimientos ambientalistas solo ven aspectos negativos en el desarrollo económico, y hay propietarios que no desean que líneas de transmisión estropeen el paisaje cercano a sus propiedades. Esta oposición sería poco eficaz si no contara con el apoyo de sectores considerables de opinión pública, y esto último ha sido el mayor problema que enfrentan los proyectos.
El manejo de la opinión pública por la oposición ha sido exitoso: por ejemplo, se afirma que los proyectos en Aysén han provocado miles de cuestionamientos ambientales, pero se omite decir que la inmensa mayoría corresponde a un grupo limitado de preguntas repetidas por decenas de ONG ambientalistas, ciertos gobiernos locales y otros grupos que se oponen a los proyectos. Incluso si un emprendimiento salva ese escollo y es aprobado en las instituciones que velan por el medio ambiente, la oposición puede hacer que no se concrete, como lo muestran los casos de Barrancones y Castilla.
¿Qué hacer? La vía legislativa puede ayudar, simplificando trámites, estableciendo reglas que garanticen que los proyectos sean ambientalmente amistosos y previniendo el oportunismo de los propietarios. Pero esta es solo parte de la solución: más importante es que la opinión pública comience a percibir que la actual bonanza económica puede ser pasajera si se impide que se realicen las inversiones necesarias para preservar el crecimiento de la economía, el pleno empleo y el consiguiente rápido crecimiento en los salarios. En las actuales circunstancias, la opinión pública puede descubrir en pocos años los costos de esta actitud.