Señor Director:

La ministra de Justicia Patricia Pérez ha decidido mantener en bodega el libro "Ministerio de Justicia. Hitos de su historia" que en octubre del 2012 me fue encargado por el entonces ministro Teodoro Ribera para conmemorar sus 175 años. El contrato fue firmado por ella en su calidad de subsecretaria y su texto final contó con un prólogo del propio Ribera, cuyo gabinete conoció el trabajo y lo compartió plenamente. La entrega oficial del libro estaba programada para el 17 de diciembre, día en que este renunció a su cargo, sin que la nueva ministra lo distribuyera como estaba previsto.

¿Motivos? Inexplicables. En enero pasado el Departamento de Comunicaciones del Ministerio me solicitó enmendar algunos errores tipográficos que la ministra califica de "graves": omitir el nombre de José al Presidente José Joaquín Prieto, o identificar en un pie de foto a Isidro Solís Palma como Isidro Palma Solís, materias que en todo libro se solucionan con una simple fe de erratas. Y es que, en verdad, no era ese el problema de fondo. Aduciendo que el texto no había sido revisado por la Secretaría de Comunicaciones de Gobierno, se me solicitó que eliminara dos menciones que -a juicio de la ministra- podían herir susceptibilidades: el hecho de que expresara que Allende fue el primer Presidente marxista que tuvo Chile y que la Ley de Amnistía de 1978 -como reza su texto- tuvo como intención fortalecer la unidad de los chilenos. Me negué a hacerlo, no solo porque como autora -pues mi nombre está impreso como tal en el libro- me hago responsable de lo que escribo, sino porque lo allí expresado se ajusta absolutamente a los hechos y a las fuentes históricas, como cualquiera puede comprobar. El Presidente Allende estaba profundamente orgulloso de su condición de marxista y el gobierno militar dictó la Ley de Amnistía invocando en su texto la pacificación nacional.

La censura por parte de una autoridad de Gobierno me parece grave, más aún cuando -como en este caso- una ministra utiliza su poder para impedir que cualquier chileno tenga acceso a leer y juzgar por sus propios medios el contenido de una obra histórica firmada por su autora, solo porque no comparte lo que se señala en un par de frases. El ministro de Justicia que encargó y decretó su distribución conoció el texto y no ejerció presión o influencia en sentido alguno. Todos tenemos el deber y el derecho de conocer e interpretar el pasado sin que un "hermano mayor" nos obligue a una verdad oficial. Lamento que la inexperiencia y desconocimiento de nuestra historia haya llevado a la ministra Pérez a tomar la arbitraria decisión de censurar este libro, y espero que esta situación se revierta.

Patricia Arancibia Clavel
Doctora en Historia